Recomiendan a la Consejería de Sanidad extremar el cuidado del material textil del HUBU

En este informe, la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León mantiene en sus resoluciones la necesidad de reforzar las medidas que se están adoptando por parte de la Consejería de Sanidad e, «incluso, implementar otras diferentes en aras de reducir las listas de espera y, con ello, evitar retrasos en la atención sanitaria requerida».

En materia de Sanidad en la provincia de Burgos, varias quejas hacen referencia al estado del material textil ofrecido a los pacientes del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Al respecto, el Procurador del Común ha emitido una recomendación a la Consejería de Sanidad para que «extreme» el cuidado para que ese material sea de adecuada calidad y se halle en perfecto estado de uso. Al respecto, la Consejería de Sanidad ha respondido que «estaba actuando conforme a ese objetivo».

Y en el caso concreto de las consultas externas y pruebas diagnósticas y de las intervenciones quirúrgicas a pacientes de niveles de prioridad 2 y 3, que motivó una actuación de oficio, el Procurador del Común llama a adoptar medidas para acortar los tiempos de espera por tratarse, en general, «de cuadros clínicos que alteran la vida personal y laboral de los pacientes, lo que, sin duda, supone un problema añadido que afecta al derecho a la tutela de la salud». Esta resolución de oficio fue aceptada de forma parcial por parte de la Consejería de Sanidad que explicó que estaba poniendo los medios para paliar los efectos causados por la pandemia.

La prestación de la asistencia sanitaria a las personas que residen en el medio rural ha vuelto a centrar la actividad desarrollada por la Defensoría, «aunque, a la vista de las quejas recibidas, con una menor incidencia que en años anteriores», ha precisado Tomás Quintana que ha mencionado expresamente los problemas en «determinadas zonas rurales» por el incremento de la población en época estival y los que suscita el sistema de cita previa telefónica.

«Las personas que residen en el medio rural deben ser atendidas mediante un sistema sanitario público fundado en los principios de equidad, proximidad y presencialidad, de manera que se garantice a la población de las zonas rurales una atención sanitaria adecuada a unas necesidades derivadas, en general, del predominante envejecimiento de las personas que residen en ellas», ha exigido el Procurador del Común.

El Procurador del Común también analizó el pasado año la situación de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y, en particular, el trato dispensado en atención primaria, las deficiencias de la atención presencial y la necesaria coordinación entre atención primaria y especializada, tras lo que reclamó «una atención humanizada» a estos pacientes «priorizando las consultas presenciales y la necesidad de que estas patologías sean abordadas de forma multidisciplinar con objeto de que sea efectuado el diagnóstico sin dilaciones y prescrito el tratamiento más adecuado», resolución que fue aceptada parcialmente.

En el área de Familia e Igualdad de Oportunidades, el mayor número de las quejas, 70 en total, versan sobre discapacidad, como la persistencia de barreras urbanísticas y arquitectónicas por lo que el Procurador ha reclamado en sus resoluciones a los municipios correspondientes la eliminación de esas trabas «para que se garantice a todas las personas el disfrute de entornos plenamente accesibles en nuestros pueblos y ciudades», resoluciones que han sido generalmente aceptadas.

También ha pedido a esta Consejería que elimine los retrasos en los procedimientos de valoración del grado de discapacidad y respecto a la población mayor, que también ha ocupado «una parte importante» del trabajo de la Procuraduría, ha pedido la realización de actuaciones de control e inspección «sobre determinados centros residenciales» de Castilla y León para garantizar la prestación de un servicio de calidad.

En el caso de Educación, ha pedido la incorporación del desayuno escolar en los servicios prestados en los centros docentes públicos en el horario de acogida matinal antes del inicio de la jornada escolar para favorecer la conciliación y una buena alimentación y bienestar de los alumnos más pequeños, recomendación que no fue aceptada por esta Consejería que argumentó que este apoyo no forma parte de las funciones del personal encargado del servicio de «Madrugadores».

El Procurador del Común inició en 2023 otra actuación de oficio sobre el consumo de frutas y hortalizas en los comedores escolares de los centros educativos de Castilla y León tras tener conocimiento de que se estaba ofreciendo fruta procedente de un país extranjero «pese a contar en nuestra Comunidad con un sector agroalimentario que proporciona productos de gran calidad, además de desempeñar un papel importante en la economía y empleabilidad de Castilla y León», ha recordado Quintana.

Por este motivo dirigió una resolución a las consejerías de Agricultura y de Educación «para que, en lo sucesivo, los pliegos de condiciones de los contratos públicos vinculados al suministro de productos alimentarios que se ofrecen en los comedores escolares incorporen criterios medioambientales y sociales» y den prioridad a la adquisición de los productos frescos, de temporada y de proximidad.

Según ha explicado, Educación aceptó la resolución en lo relativo a la licitación de los servicios de comedor escolar mientras que Agricultura compartió la necesidad de incorporar cláusulas sociales y medioambientales en la contratación, «salvaguardando los principios de concurrencia, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre las empresas licitadoras».

Otra actuación de oficio tramitada en 2023 concluyó con una resolución dirigida a Educación para que implante conexión a internet de calidad en todos los centros educativos de Castilla y León «sin excepción y, en particular, en los centros educativos del ámbito rural, con el fin de garantizar una educación de calidad y la igualdad de oportunidades en la educación«, resolución que también fue aceptada.

Finalmente, entre los asuntos relacionados con las consejerías sociales Quintana ha recordado una actuación de oficio sobre la oferta de actividades extraescolares ya que «en muchas ocasiones los menores con cualquier tipo de discapacidad se ven privados de realizar algunas de estas actividades al no estar diseñadas para ellos».

Y sobre el empleo público docente, ha mencionado otra resolución para instar a Educación a modificar el 'Programa de atención psicológica en situaciones de acoso y violencia escolar en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de Castilla y León' para hacer extensiva la posibilidad de proporcionar el apoyo psicológico, con el que ya cuentan los alumnos y el profesorado, al personal no docente.

En su respuesta, ha informado Quintana, la Consejería de Educación comunicó su compromiso de ofrecer el mismo grado de protección al personal no docente que se depara al personal docente y a los alumnos, por lo que considera parcial aceptada esta resolución.