Las puertas de la prisión, testigo de una protesta por la cobertura de plazas y la equiparación salarial

Valentín Gómez, de ACAIP, ha insistido en el «caos absoluto» de Instalaciones Penitenciarias. En toda España están por cubrir 3.300 plazas de funcinarios de seguridad interior, los que trabajan directamente con los presos. En Burgos, se cuenta con 54 plazas de las 110 recogidas en la relación de puestos de trabajo. «Falta más de la mitad» y a los 16 funcionarios en prácticas incorporados recientemente no se les pueden encargar tareas de funcionarios de carrera, ha apuntado Gómez, pues «se están formando».

Así, la falta de personal hace «inviable» el funcionamiento ordinario del centro penitenciario, pues a ello se suman las libranzas, las vacaciones, las bajas y las jubilaciones. La edad media de la plantilla es de 55 años, este mismo año se jubilarán 4 o 5 funcionarios y otros pasarán a segunda actividad, es decir, dejarán de tener contacto directo con los reclusos. Gómez reitera que «no se sabe cómo cubrir el servicio» y, mientras, el Gobierno «da la callada por respuesta».

De ahí las movilizaciones impulsadas por los sindicatos ACAIP, CC.OO. y UGT, que se mantendrán hasta que el Gobierno se siente a negociar con ellos, y están dispuestos a llegar incluso a una convocatoria de huelga. Junto a la falta de personal, los funcionarios reclaman también la equiparación salarial. Las diferencias entre trajabadores son «abismales», entre Burgos y Pamplona, por ejemplo, de 500 euros mensuales.

Valentín Gómez ha afirmado que lo que piden es que se cobre lo mismo por realizar el mismo trabajo, pues «se hace el mismo trabajo», y todos los funcionarios dependen de la misma secretaría general. Igualmente, estos profesionales exigen ser considerados como agentes de la autoridad, para que se les respete y proteja ante las agresiones del mismo modo que se hace, por ejemplo, con médicos o profesores.