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El Partido Popular ha presentado esta mañana una proposición que creen que es «irrechazable por el resto de fuerzas políticas municipales», la gratuidad del transporte público para los mayores de 65 años. Esta propuesta, que llevaban consigo los 'populares' en el programa electoral, permitiría ... que 38.700 burgaleses, un 20,7% de la población, utilizara los autobuses de manera gratuita con un BonoBús Senior.
Los concejales Javier Lacalle y Jorge Berzosa han presentado esta mañana una iniciativa que quieren que se ponga en marcha de manera inmediata y que el 1 de enero de 2020 esté implantada. La ambiciosa propuesta situaría a Burgos como la única capital de provincia de Castilla y León y una de las pocas de España con servicio de transporte público para los ciudadanos de más de 65 años, ha asegurado Lacalle.
Además, no se trata de una propuesta que cargue contra el coste del servicio municipal, sino que los cerca de 250.000 euros, que estiman los 'populares' que dejaría de recaudar el Servicio Municipalizado de Transportes (Samyt), se compensarían gracias a una mayor aportación ministerial por el déficit del servicio y por una mayor utilización del servicio, que redundaría en más usuarios de todas las franjas gracias a una mayor frecuencia de líneas.
Tal y como ha explicado Berzosa, se trata de un círculo virtuoso que, además, beneficiaría al tráfico en la ciudad y por lo tanto al medio ambiente y calidad del aire. Y es que, según el edil 'popular', la franja de edad de mayores de 65 años solo representa un 11% de los usuarios del transporte público y muchos de ellos utilizan el vehículo particular, en solitario y hora punta.
Así las cosas, desde el Grupo Municipal Popular creen que tras la exitosa implantación del Bonojoven, que ofrece la gratuidad a menores de 13 años y una tarifa reducida de doce céntimos a los jóvenes de entre 13 y 25 años, es el momento de aplicarlo en el grupo de población mayor de 65 años.
Por otro lado, la proposición recoge una segunda medida que plantea la supresión de la tasa de dos euros para la emisión de nuevas tarjetas. Y es que, según ha analizado Berzosa, esta tasa que recoge la ordenanza conlleva la participación de hasta cinco empleados públicos y un coste de gestión de 60.000 euros, frente a los 24.000 recaudados por la tasa. Es por ello que los 'populares' reclaman que se simplifique la gestión de la emisión de estas tarjetas que se aportan a quienes tienen tarifas reducidas o directamente gratuitas.
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