El fallido intento de soborno para evitar la condena a muerte

El juicio sumarísimo de Burgos ponía poner en riesgo los planes aperturistas. En junio de ese año se había firmado el primer acuerdo con el Mercado Común Europeo. Hacía siete años que no había ajusticiamientos, desde que en 1963 fueron ejecutados los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granado y el comunista Julián Grimau. El que firmó la orden de ejecución de Grimau, el capitán general de Burgos, teniente general Rafael García Valiño, advierte al Régimen: «las ejecuciones crean un clima nacional perjudicial para el Ejército».

Con este clima, un alto cargo del Gobierno aperturista planteó sobornar al tribunal para que evitara las penas de muerte. El ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, sumó a sus esfuerzos por matizar las noticias que salen en la prensa, la compra de la voluntad de alguno de los juzgadores.

Esta es una de las últimas novedades de un proceso del que se pensaba que se conocía casi todo. El rumor sobre un posible soborno sobrevolaba desde hace décadas esta causa. Investigadores como Ricardo de la Cierva lo dieron por cierta. Finalmente, un trabajo publicado el pasado mes de junio por el investigador Gaizka Fernández Senovilla, que estudió todo el sumario, confirmó el hecho.

La escaramuza la protagonizó en realidad Mariano Rojas García, un periodista y alto cargo de los Servicios Informativos de la Dirección General de Prensa.

El capitán Antonio Troncoso de Castro, el único de la sala que era miembro del Cuerpo Jurídico Militar, recordó después que Rojas comió con él y su mujer en un hotel de Burgos. A los postres y el café, el enviado del ministro le confesó que tenía un encargo «muy desagradable de mi ministro». «Si el consejo de guerra no pone pena de muerte ninguna, te ofrecen que tú te vienes a Madrid de vicepresidente del Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Agrícola o el Banco de Crédito a la Construcción».

Para Troncoso hubiera supuesto pasar de ganar 16.000 pesetas al mes a unas 200.000. La respuesta del capitán jurista militar fue: «Las penas que se pongan han de ser serias dada la gravedad de los hechos».

Troncoso informó a sus superiores del intento de soborno y pidió confidencialidad. Y les recomendó que, si querían una condena más suave, que enviarán el asunto al Tribunal de Orden Público. «Pero, mientras venga a la jurisdicción y esté en consejo de guerra, yo voy a aplicar la ley», insistió Troncoso.

Este turbio manejo se zanjó con la apertura de un sumario por la Auditoría de Guerra a Mariano Rojas, contra el que se instruyó un Consejo de Guerra que nunca llevó a celebrarse. También supuso la caída en desgracia de su superior e instigador, el ministro Sánchez Bella, acusado de deslealtad al Régimen, y que desapareció en la posterior remodelación del Gobierno.

Con el tiempo, en julio de 1972, Mariano Rojas fue premiado con la Medalla de Plata al Mérito Sindical.

La historia tiene otro apéndice. Tras la remodelación del Gobierno, fue el exministro Andrés Sánchez Bella el que acabaría siendo nombrado presidente del Banco Hipotecario.