Los prisión de Burgos recibirá 34 funcionarios pero sigue con un déficit del 30% en su plantilla de vigilancia interna

Así lo ha asegurado Valentín Gómez, portavoz de la plataforma sindical formada por ACAIP-UGT, CSIF y CCOO, que esta mañana ha organizado una protesta a las puertas del Salón Rojo del Teatro Principal, donde se celebraba el tradicional acto de La Merced, con imposición de reconocimientos a los trabajadores con mayor trayectoria en el Centro Penitenciario de Burgos.

Gómez ha recordado que, tras dos años de conflicto colectivo, el Ministerio del Interior no ha demostrado ninguna intención de alcanzar un acuerdo con los trabajadores. Están hartos de las «medias verdades» del ministro Fernando Grande Marlaska. Las cárceles españolas presenta un déficit de plantilla del 15%, que asciende al 30% en Burgos, en lo que se refiere al servicio de vigilancia interna, a los profesionales que están en contacto directo con los presos.

De una plantilla teórica de 94 se contará con unos 60 profesionales, afirma, y la situación no se va a mejorar por la incoporación de 34 nuevos funcionarios. De ellos, 29 sí que irán a vigilancia, según ha explicado el director de la prisión, Luis Carlos Antón, quien ha calificado de «hito» la llegada de ese número de funcionarios de carrera, el más alto de los últimos años.

«Es una de las mayores consolidaciones de plantilla«, aunque reconoce que »nunca es suficiente«. Y es que, como recuerdan los funcionarios, la llegada de personal no frena las carencias. Este año está previsto que se jubilan 8 compañeros y otros 2 pasarán a segunda actividad, lo que supone que dejan de estar en vigilancia interna. También se han ido quedando sin los funcionarios en prácticas, una treintena, que llegaron meses atrás.

La falta de personal incrementa los riesgos asociados al puesto, de ahí que se esté registrando un incremento en las agresiones a funcionarios en las cárceles españolas, reconoce Valentín Gómez. Los sindicatos exigen un reconocimiento como agente de la autoridad, pues, de lo contrario, el interno que agrede a un funcionario simplemente recibe una sanción administrativa.

El director de la prisión reconoce que esta cuestión depende directamente del Gobierno, y tampoco entra a valorar la falta de personal sanitario en el centro, denunciada por los sindicatos. La plataforma afirma que solo hay dos de los cuatro médicos que debería haber. Y que la cárcel está, como otras de Castilla y León, superpoblada, con 367 internos, según los últimos datos dados por Antón.