La prisión de Burgos, libre del coronavirus covid-19

Con respecto a los trabajadores de las prisiones en la comunidad, se han registrado doce casos en Soria (seis ya han recibido el alta); 14 en Segovia (siete altas); cinco en León (un alta); 18 en Ávila (cuatro altas); uno en Valladolid (ya ha sido dado de alta); nueve en Dueñas (dos altas); y seis en Topas (tres altas), según fuentes de la delegación del Gobierno en Castilla y León.

El impacto de la epidemia del Covid-19 entre los reclusos del conjunto de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) es aproximadamente cuatro veces inferior al impacto en la población general. El número total de internos con PCR positiva es de 52, lo que supone un tasa de afectación de aproximadamente 1,08 por mil internos, mientras que entre la población general esa tasa es de 4,3 por mil habitantes, informa ICAL.

Este es uno de los datos extraídos del análisis epidemiológico preliminar realizado el pasado 27 de abril por la Subdirección General de Coordinación de la Sanidad Penitenciaria sobre los cerca de 50.000 internos en cárceles dependientes de la Administración General del Estado, según las citadas fuentes.

Días antes de que se decretase el estado de alarma, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, decidió cerrar las prisiones al exterior para proteger del Covid-19 a la población reclusa, colectivo de alto riesgo, así como a los funcionarios y resto de trabajadores de Prisiones.

El 10 de marzo comenzaron a suspenderse todas las comunicaciones no ordinarias, así como la entrada del personal no penitenciario en los centros dependientes de la Administración Central. El 15 de marzo, con la entrada en vigor del Real Decreto del estado de alarma, se cancelaron el resto de comunicaciones así como los permisos o las salidas programadas de los internos.

Asimismo, y para paliar el cierre al exterior, se dispuso la ampliación de llamadas telefónicas a las que tienen derecho las personas privadas de libertad y se estableció la gratuidad de las mismas para aquellas que no tuvieran recursos. Posteriormente esta medida se completó con la distribución de teléfonos móviles para que los internos pudieran realizar videollamadas a sus familias o letrados.

A pesar de la dureza de las decisiones adoptadas, la población reclusa en general ha acogido las medidas con comprensión. Su inquietud frente a la Covid-19 es la misma que la del resto de la población. Además, gracias al trabajo pedagógico realizado por los equipos directivos y a la profesionalidad de los funcionarios de Vigilancia, apenas se han registrado incidentes relacionados con la pandemia. Ninguno de gravedad y ninguno de carácter violento.