El presunto proxeneta se declara inocente y alude a la animadversión de las jóvenes

Ha asegurado en sede judicial que las mujeres que le han denunciado ha sido a raíz de una relación laboral con una socia, de iniciales E.M.R, que tenía una peluquería; el acusado actuaba como asesor y abogado y desaconsejó la contratación de las mujeres «porque no valían como peluqueras». El acusado alude también a la defensa que llevó a cabo de una menor en las Bernardas ante estas mujeres como causa de estas denuncias.

Las pesquisas policiales, sin embargo, relacionan a las mujeres con otro tipo de negocio de explotación y trata con fines sexuales, como ha expresado la Fiscalía.

Con su presunta socia, E.M.R., a la que responsabiliza de todas las acciones que se le imputan, quería poner en marcha un negocio de pornografía en la red. Para ello, contactó con ella, según el testimonio de la mujer, en unas fechas en las que pasaba por un mal momento económico y necesitaba el dinero para pagar sus estudios.

El entramando de sociedades iban a nombre de la mujer que ha asegurado en el juicio que las formó con el hombre «engañada y extorsionada», así como varias cuentas bancarias y líneas de teléfono móvil. La mujer había sido actriz y modelo del conocido productor de porno Torbe. Y el éxito de sus canales puso en la pista de un negocio fácil al acusado.

Pero en la práctica, todo iba mucho más allá. La idea de crear una productora de webcams y emular al famoso divulgador necesitaba una base económica. Y era la prostitución y la explotación sexual pura y dura.

La acusada reconocía ante el Tribunal que su presunto socio la hacía prostituirse con amenazas y extorsiones y que le era imposible salir del mundo en el que estaba. En esta situación aparece una tercera persona en escena; un hombre, cliente de E.M.R., que acabará convirtiéndose en su amigo y que declara que la mujer terminó siendo su pareja sentimental.

Atraído por ese vínculo, la relación económica con su novia y el presunto proxeneta se fue estrechando hasta el punto de que le convencieron para ceder una vivienda que tenía alquilada como plató para grabar porno y para vivienda de algunas mujeres. Antes de eso, la explotación sexual ya se llevaba a cabo en otra media docena de viviendas repartidas por todo Burgos.

La cosa no acabó bien y esta tercera persona tuvo que denunciar una supuesta y reiterada estafa por el uso de su tarjeta de crédito y por otras actuaciones.

Según la Fiscalía, que entiende que la participación de la mujer en los delitos es esencial, los acusados captaban a mujeres en situación vulnerable. La mujer en el juicio ha declarado que ella nunca se dirigió a las chicas y que en todo momento fue el hombre quien negociaba porque se arrogaba el papel de abogado, que nunca fue. A estas mujeres, alguna de ellas menor de edad, se les obligaba a prostituirse.

La primera sesión del juicio fue una continua exculpación por parte del principal acusado que, a su parecer, si ha existido algún delito, se lo achaca a su presunta socia. Por su parte, la mujer ha reconocido, en contradicción con su primera declaración, que toda su actuación ha sido movida por «el miedo, las amenazas y las coacciones» del acusado. Preguntada por qué existe esa versión distinta aseguraba: «Qué quería que dijera… estaba cagada… diez minutos antes me había amenazado de muerte».

Por su parte el tercer implicado defendió ante el Tribunal que se había dejado llevar por las influencias del acusado para participar en los negocios relacionados con el porno y que había resultado estafado por el hombre y por la mujer.

La sesión de juicio proseguirá este viernes en la Audiencia Provincial y los días 25 y 26 de septiembre. Se trata de mujeres captadas por la red para, en un principio, realizar shows pornográficos, grabar películas y emitir en directo en páginas especializadas y de pago. Pero de la misma manera, según afirma, la mujer se vio obligada a prostituirse, como las mujeres captadas.

Entre las mujeres que han sido a llamadas a declarar como testigos, alguna de ella goza de especial protección porque en el momento en el que ocurrieron los hechos eran menores de edad.

La Policía desmontó la trama en 2015 a raíz de la detención de los presuntos incitadores tras una fiesta en uno de los pisos. Ocho años después llega el juicio al que se enfrentan los acusados, para quienes la Fiscalía solicita penas de entre 35 y 160 años de prisión en virtud de los testimonios de más de una decena de sus víctimas y de las pruebas obtenidas en los diferentes registros.