Los presidentes de los TSJ piden medidas legislativas para evitar la litigiosidad masiva

Concepción ha asegurado que «resulta ineludible» el establecimiento de procesos 'testigo' que permitan la resolución de cuestiones jurídicas similares planteadas en numerosos procedimientos y su posterior extensión de efectos al resto. Este hecho, bajo su punto de vista, evitaría que se siga lastrando injustificadamente al sistema de Justicia.

Como ejemplo de «litigiosidad evitable», el presidente del TSJ de Castilla y León ha citado el altísimo porcentaje de demandas presentadas por clientes de entidades financieras que están siendo estimadas por los tribunales; de ahí que también «hayan invitado a la reflexión» a las distintas partes procesales, puesto que estás cuestiones consumen enormes recursos públicos.

Asimismo, ha subrayado que deben de analizarse otras medidas, como la obligatoriedad de demandas colectivas, la avocación directa de todas estas cuestiones al tribunal de apelación o la aplicación de mecanismos similares, para facilitar el trabajo a los jueces.

En esta cita, que se ha desarrollado desde el domingo hasta hoy, los presidentes de los TSJ de las 17 comunidades autónomas han llegado a nueve conclusiones más, entre las que sobresale el riesgo de deslegitimación del Poder Judicial. A su juicio, «la crítica de las actuaciones judiciales es legítima y positiva siempre que se realice con respeto y ponderación, pero su descalificación general, especialmente por cargos públicos, afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático».

Los presidentes del TSJ han manifestado también que la modernización y «la adecuada» dotación de la Justicia «sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia». Relacionado con este punto, han sugerido reforzar las Salas de Gobierno y de los presidentes, así como hacer hincapié en la seguridad judicial electrónica de las administraciones prestacionales para garantizar «la custodia y reserva de los datos contenidos en el expediente judicial electrónico».

Por otro lado, los máximos responsables de los TSJ, como presidentes de las comisiones territoriales de garantías de videovigilancia, han expresado la utilidad de crear una base de datos que recopile de forma sistemática los informes emitidos por cada órgano.

Eso sí, han reconocido la eficacia práctica de la videovigilancia en el contexto actual, aunque han recordado que «no permite una simple justificación preventiva, si no que exige un razonable y concreto riesgo para la seguridad ciudadana en base a factores preexistentes».

Por último, han opinado que es necesario el fortalecimiento de las oficinas de comunicación al servicio de los ciudadanos con el objetivo de que estos reciban una información veraz, neutral, clara, objetiva, responsable y ágil.