Podemos Burgos insta a la Junta a que restituya las pérdidas a los sectores afectados por el toque de queda «ilegal»

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha suspendido mismo dicho toque de queda y estima por tanto la aplicación de medida cautelar que solicitó el Gobierno de España en el recurso presentado ante el alto Tribunal, al entender que esta decisión infringía el Decreto del Estado de Alarma.

Desde Podemos Burgos señalan que «esta medida fue controvertida desde su implantación, puesto que excedía los supuestos previstos en el Decreto de Estado de Alarma y en ningún caso se evidenció epidemiológicamente que su puesta en marcha por sí sola fuera a ralentizar la incidencia de contagios en Castilla y León, ya que su adopción vino acompañada de otras restricciones como el cierre de interior de la hostelería, la reducción a un máximo de 4 personas por grupo o el cierre perimetral entre provincias».

Como la formación morada ya afirmó a través de su Portavoz Municipal Israel Hernando, «la Junta está utilizando la pandemia como arma arrojadiza contra el Gobierno Central, como ha quedado manifestado con la implantación del toque de queda a las 20.00 horas».

«Lo que ha existido desde el primer momento es un intento del Gobierno Autonómico de tapar su gestión generando controversia y de oponerse al Gobierno de España para crear un clima de confrontación en vez de trabajar por frenar el virus en nuestra tierra, que por tercera vez ha tenido los datos más altos de toda España», añade Laura Domínguez, la Procuradora de la formación morada.

Con esta decisión del Tribunal Supremo «es evidente que la Junta de Castilla y León tiene que dar explicaciones sobre esta decisión errática y asumir las responsabilidades derivadas del perjuicio causado a los sectores afectados por un cierre temprano durante el mes que ha durado la implantación de esta medida. Su aplicación ha causado que se pierdan miles de euros en ingresos a sectores que ya no pueden soportar más la situación económica que atraviesan», añade Martín.

«Tras la decisión del Tribunal Supremo, Igea y Mañueco han demostrado que sus decisiones son aleatorias, causando un gran perjuicio social y económico al ya generado por la pandemia. Exigimos que se restituyan las pérdidas ocasionadas por esta decisión y pronosticamos que los propios sectores afectados van a pelear por ello», concluyen desde la formación morada.