Plena Inclusión y los comités de Empresa de Aspanias Burgos se verán en los tribunales

Este sábado, los comités de empresa informaron de la reunión celebrada el pasado 28 de abril, que terminó sin que hubiera acuerdo. La representación sindical denunció que Plena Inclusión rechaza una salida negociada porque no presentó ninguna propuesta ni negoció la plantada por los comités «que no era cerrada, pese a tildarla de muy razonable».

Indicaron que los responsables de Plena Inclusión han acogido bien la posibilidad de apoyar la iniciativa del coordinador de UGT en la Mesa del Dialogo Social en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, para impulsar ante la Junta la posibilidad de negociación del complemento autonómico que recoge el convenio nacional y que tienen acordadas varias comunidades desde hace años para mejorar la precariedad que sufren los trabajadores del sector de la discapacidad.

«Ha desoído incluso el llamamiento sincero de los presidentes de la Fundación Aspanias y de la Fundación CISA para intentar llegar acuerdos con los trabajadores. Tanto Amanda Castañeda como Fernando Mauleón, que fueron integrantes del movimiento crítico de familias «Aspanias Cambia» y han compartido en primera persona la lucha por reflotar el grupo social con los trabajadores, han interpelado reiteradamente a los representantes de Plena Inclusión para llevar a buen puerto un pacto necesario», indicaron.

Para los representantes sindicales, a Plena Inclusión, que ostenta plenos poderes en Aspanias, «poco le importa» la situación vivida por los trabajadores durante los 10 últimos años, donde la congelación salarial ha sido la tónica.

«Si Aspanias no es viable ni siquiera negando los complementos salariales a la plantilla, si no están cumpliendo las previsiones con sus propios números en ese plan de viabilidad diseñado para cuatro años, en Aspanias no podemos tener ninguna esperanza de presente ni de futuro con la intervención de Plena Inclusión», añadieron.

Finalmente, explicaron que en caso de que Aspanias desaparezca, las personas con discapacidad seguirán conservando siempre su derecho de atención, y será la propia Junta de Castilla y León la que reubicaría a los mismos, aunque sea fuera de Burgos.

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