Amnistía Internacional ya ha recibido la respuesta del Ayuntamiento de Burgos sobre la posesión de una pistola de electrochoque Taser para los agentes de la Policía Local tras varios meses de espera. Y esa contestación no les ha agradado al desconocer aspectos como la ... marca, el modelo y las unidades que podrían utilizar ese tipo de arma. «Tampoco nos han aclarado si cuentan con protocolos de uso», afirman desde la organización.
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Ante esa respuesta, Amnistía Internacional se ha vuelto a poner en contacto con el Ayuntamiento para que les detallen esas cuestiones. Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana aseguran que se ha contestado con «la realidad». Y esa es que la pistola de electrochoque se adquirió en 2015 (anterior equipo de Gobierno) y que desde entonces no se ha utilizado. «Estamos pendiente de valorar la oportunidad de ponerlo a disposición de los agentes en determinadas intervenciones. Todavía no hemos abordado esa puesta en funcionamiento. Cuando lo hagamos, daremos una respuesta concreta», detalla la edil Blanca Carpintero.
Precisamente la organización en la región, además de comunicarse con el Ayuntamiento de Burgos también ha solicitado información a la Policía Local de Aguilar de Campoo (Palencia) y Toral de los Vados (León), localidades de las que tienen conocimiento de que poseen ese tipo de armas. Desde Toral de los Vados ya han recibido respuesta, aunque fue similar a la del consistorio burgalés, dejando en duda si se cuentan con unos protocolos que garanticen un uso proporcionado de este tipo de armas. Por parte del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo también se recibió contestación, dando una respuesta más detallada a la información que se les requería.
Aunque Amnistía Internacional no se opone a que este tipo de armas de electrochoque puedan formar parte de la equipación de algunos cuerpos policiales, debido a las consecuencias que tiene su empleo, la organización sí tiene algunas preocupaciones en relación a su uso y el respeto a los derechos humanos, por lo que se pide que estén sujetas al mismo criterio que se aplica al uso de armas de fuego, debido a los riesgos que pueden tener sobre la integridad física y mental de la persona sobre la que se emplean.
Asimismo, insiste que si este tipo de armas terminan por formar parte del armamento de las policías municipales deben elaborarse protocolos públicos para su uso y garantizar que los agentes policiales que vayan a utilizarlas estén debidamente formados en su utilización y riesgos, así como en las precauciones que deben tomarse para evitarlos.
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