Burgos registra cerca de 1.000 reclamaciones por compras online de test de antígenos

Y en muchos casos esa opción que se valoró como rápida y segura, la de comprar los test agotados en las farmacias burgalesas de manera online, se volvió en contra de los consumidores. «Más de mil personas han llamado por este tema», explica Luis Morcillo, director de la OMIC de Burgos. «Hemos tenido 740 consultas y 254 reclamaciones por compras de test de antígenos entre los meses de diciembre y enero. Son muchísimas», analiza.

Estas consultas y reclamaciones han llegado, principalmente, por el incumplimiento de plazos en la entrega de los test. Con la reuniones familiares por las festividades navideñas los consumidores realizaron las compras online en función a los plazos de entrega. «En un plazo de 30-40 días más de mil personas han hecho una reclamación o consulta por este tema», lo que deja de manifiesto la gran cantidad de afectados que ha habido.

«En diciembre es evidente que los plazos de entrega no pueden ser los normales, porque entre las compras online de estas fechas y los festivos la paquetería se retrasa», explica Morcillo, que añade que las consultas no han sido únicamente de vecinos de Burgos, sino que también han recibido «muchisimas llamadas de personas de otras provincias».

«Cuando compras online no conoces quién está detrás de la compra que acabas de hacer y si no te llega en plazo lo primero que piensas es que te han engañado y es lo que motiva inmediatamente la llamada. A veces, en 24-36 horas se ha recibido y se ha resuelto. Esto ha sido un fenómeno en el que mayoritariamente la población se hacía test de cara a la Nochebuena y la Navidad y la Nochevieja y el Año Nuevo, y si haces una compra para que llegue en una fecha concreta lo que quieres es que llegue en esa fecha, no tres días después, y ese ha sido el problema», manifiesta el director de la oficina.

La solución una vez que no se ha recibido la compra, ya sea de un test de antígenos o de cualquier otro artículo, es tramitar la reclamación en la OMIC, desde donde «se hace una mediación para que reciban el producto o la devolución del dinero». Y la recomendación desde consumo está clara: «Este tipo de productos solo deben comprarse en parafarmacias o farmacia. No sirve cualquier enlace».

Si los test de antígenos han traído de cabeza a los trabajadores de la OMIC la situación ha estado totalmente calmada en cuanto a reclamaciones por cancelaciones de viajes, cenas o cotillones por la sexta ola. La ausencia de ventas está detrás de la falta de estas reclamaciones.

«En las rebajas hay reclamaciones puntuales. Forma parte del pasado los problemas con las devoluciones. La mayor parte de los comercios admiten las devoluciones y si no lo hacen entregan vales, pero no es un motivo especial de reclamaciones en la actualidad, como no lo son las cancelaciones de viajes», confirma Morcillo.

Sí se han recibido consultas por la subida de la luz, especialmente en los meses de noviembre y diciembre. Y «la modificación de la garantía legal» que ha entrado en vigor el día 1 de enero sí «está dando lugar a consultas». El cambio más sustancial de esta normativa «es que el plazo de la garantía legal pasa a ser de tres años en vez de dos como lo era hasta ahora», explica Morcillo, pero no es el único cambio de esta ley. «También se ha modificado la presunción de falta de conformidad, antes la garantía era de dos años pero había una diferenciación entre los seis primeros meses y el resto del periodo de la garantía. La presunción es el periodo en el que la falta originaria, que es lo que cubre una garantía, se presume que es originaria. Ese periodo era de seis meses y ahora son dos años», incide.

Esto quiere decir que el consumidor tiene ahora un periodo de dos años para demostrar que el defecto que el producto tiene es de fabricación. El problema llega porque, de forma habitual, el consumidor no tiene la posibilidad ni los conocimientos para demostrarlo, por lo que es el vendedor quien debe demostrar que el fallo viene dado por un mal uso y entender así que su reparación no entra en garantía. Un cambio que, a priori, beneficia al consumidor aunque en muchas ocasiones «los productos no tienen una vida útil de tres años».