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El magistrado de la Sala segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha afirmado este viernes, en el acto de celebración del 30 aniversario del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que «es falso que la Justicia esté politizada en España». ... En este sentido, ha considerado que el mayor desgaste del Poder judicial ante la opinión pública en este momento procede de los propios jueces por que son ellos los que dicen que la Justicia está politizada.
Para Llarena, la razón es que a los jueces no les gusta que sean los políticos los que elijan a doce vocales del CGPJ, que en algún momento fueron elegidos por los propios jueces, hasta 1985. Por eso «dicen que ese nombramiento político politiza a los jueces, lo que no es cierto». En su opinión, hay ejemplos «abundantes» de decisiones de los jueces que han condenado a personas o entidades poderosos sin ningún problema.
De hecho, Llarena se ha mostrado convencido de que «además de cualidades como la capacidad técnica o de aplicación de las normas, es sensato que se tenga en cuenta el perfil ideológico de quienes vayan a ocupar ciertos niveles elevados de órganos judiciales». Lo ha justificado en que la circunstancia de «que todo un tribunal tenga el mismo perfil ideológico influiría en la interpretación de las normas en un sentido único».
En un formato en el que el magistrado Llarena ha respondido a preguntas del vocal de CGPJ José María Macías y de algunos de los más de los cien asistentes al acto, el juez ha defendido el papel de las asociaciones judiciales como «una opción que permite a los jueces ejercer su derecho a opinar, aunque esas opiniones puedan gustar más o menos a algunos partidos políticos«. Sin embargo, ha insistido en que »lo que no puede ser una asociación de jueces es una correa de transmisión de un partido« político.
Ha concretado que hay asociaciones de jueces que llaman a todas las puertas aunque sus propuestas «gusten más a unos que a otros». El magistrado del Supremo ha criticado lo que ha denominado «puertas giratorias» entre la justicia y la política por que, en su opinión, «erosionan la credibilidad de la Justicia».
Tras recordar que él mismo fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Llarena ha manifestado que ningún país europeo impide que los magistrados del Constitucional estén afiliados a un partido político, aunque en algunos de ellos se prohíbe que sean cargos directivos de partidos.
En este sentido ha recordado que, tras un debate complejo en la etapa constituyente, la Constitución de 1978 no permite a los jueces ser miembros de partidos políticos pero sí reconoce las asociaciones judiciales como órganos por los que los jueces pueden expresar sus opiniones.
Llarena ha respondido también a varias cuestiones relacionadas con su función como instructor del llamado caso «procés» y ha insistido en que guardó silencio durante la instrucción para evitar generar tensiones o complicar más la situación, pero a partir del momento en que tomó la decisión no ha tenido «ningún reparo» en explicar cada detalle de esa instrucción en todas las ocasiones que se le han presentado.
Ha reconocido que hubo «malos momentos» para él en la instrucción del procés durante la que recibió muchos gestos «desagradables», como el momento en el que veía peleles -muñecos o monigotes- con su propia imagen colgando en lugares visibles en varios puntos de Cataluña o miles de lazos amarillos y carteles criticándole personalmente como instructor de ese procedimiento.
Sin embargo, ha considerado que «todo eso quedó compensado en otros momentos por las muestras de cariño y de apoyo» que ha recibido de muchos ciudadanos, también de Cataluña.
El magistrado ha explicado que el momento de instruir diligencias no suele ser el de calificar los hechos aunque, en ese caso, fue «necesario hacerlo» porque de ello dependía incluso la posibilidad de suspensión de algunas personas para ejercer cargo público.
El acto se ha desarrollado en la sede del TSJCyL, presidido por el titular de este organismo, José Luis Concepción, y está previsto que incluya la entrega de un reconocimiento a un magistrado por los servicios prestados en Castilla y León.
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