30 juristas de toda España analizan en Burgos la Ley Concursal

Por su parte, los concursos de empresas comienzan a frenarse por el impulso que otorga la nueva ley a la fase preconcursal, con herramientas para buscar la continuidad de las compañías con problemas de liquidez sin necesidad de acudir al juzgado. Importantes juristas debaten sobre las consecuencias de esta reforma en el Congreso de Reestructuración de la Deuda de Burgos, organizado por la empresa especializada en liquidaciones concursales Trademat, los días 21 y 22 de septiembre.

«La Segunda Oportunidad como mecanismo para exonerar deudas a particulares ya existía, pero con la reforma de la ley se comenzó a hablar más de ella y ahora ya se conocen sentencias que han cancelado deudas muy elevadas aplicando esta normativa, lo cual ha favorecido sin duda que más personas opten por solicitarla, y para hacerlo es necesario declararse en concurso de acreedores», explica el director y cofundador de Subastas Trademat, Luis María Arnaiz, quien añade: «Hablamos de una exoneración bajo ciertos requisitos que un juez tiene que acreditar, como la imposibilidad de satisfacer esa deuda o que el interesado actúe de buena fe».

Las deudas más habituales a la hora de acogerse a la Segunda Oportunidad son los créditos al consumo, préstamos personales o microcréditos. Los créditos de derecho público, deudas contraídas con el Estado, no se pueden exonerar, pero en aquellas con Hacienda o con la Seguridad Social es posible cancelar los primeros 10.000 euros.

En general, los concursos de acreedores aumentaron en Castilla y León un 72% en la primera mitad de 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 330 solicitudes, según los últimos datos del Colegio de Registradores de España. La diferencia se observa entre aquellos solicitados por personas físicas, que se dispararon un 90% y que ya representan cuatro de cada cinco peticiones, y los presentados por empresas, que ascendieron un 17% en el mismo tiempo.

En el conjunto del país la desigualdad es aún más clara: los concursos de particulares crecieron un 84% mientras que los de sociedades descendieron un 17%. A nivel nacional se contabilizaron un total de 10.829 solicitudes en el primer semestre del año. En apenas dos años, las empresas han pasado de representar dos de cada cinco de los concursos que se declaraban a nivel nacional a una de cada cinco.

Entre las empresas, el sector más afectado fue el del comercio, grupo que incluye también los talleres de reparación de vehículos, que representa un 18% de las compañías que pasan por este proceso. La construcción y la industria manufacturera son el resto de sectores que destacan por el número de empresas que entran en concurso de acreedores, mientras que la hostelería, más perjudicada en años anteriores, ya no se encuentra entre aquellas que más concursos presentan. El perfil de las empresas concursadas se repite tanto en Castilla y León como en el conjunto nacional.

Los juzgados mercantiles han constatado este cambio en el perfil de los solicitantes de concurso y comparan su situación con la de hace un año: «En teoría, la nueva ley busca agilizar los procedimientos, pero los juzgados todavía sufren el atasco de los concursos anteriores a la reforma y, además, las sucesivas huelgas que se han producido en el ámbito de la Justicia en los últimos meses no han contribuido a aligerar el número de procedimientos», afirma el magistrado del Juzgado de lo Mercantil Nº3 de Bilbao y director académico del congreso, José María Tapia.

Entre los 28 juristas de toda España que intervendrán en el congreso, que se celebrará en el Teatro Principal de la capital burgalesa, se encuentran dos de Castilla y León: los magistrados Pablo Arraiza Jiménez, del juzgado de lo Mercantil nº 1 de León; y Alba María Pérez-Bustos Manzaneque (Mercantil nº 2 de Valladolid).

El aumento de concursos de acreedores en los últimos meses ha repercutido en un incremento del trabajo de las compañías especializadas en subastas online, que han acercado los activos en liquidación a los compradores, un proceso que permite darles salida de una manera más rápida y obteniendo mayor rentabilidad, según explica Arnaiz. Los activos que mejor acogida tienen son los inmobiliarios y los vehículos de todo tipo.