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Después de dos años de batalla judicial y tras un juicio de ocho horas en dos sesiones, el caso del joven J.J. que fue atropellado en 2016 por un vehículo que circulaba a una velocidad superior a la permitida cuando cruzaba con su ... bicicleta por una calle de Burgos, ha sido resuelto. El accidente le causó a la víctima un grave traumatismo craneal con secuelas que le impiden realizar las actividades que hacía antes del trágico suceso.
El abogado de la familia del joven y el de la compañía de seguros lograron llegar a un acuerdo que, posteriormente, fue aprobado y homologado por el juzgado, por el que la víctima percibirá 1,1 millones de euros, es decir, 770.054 euros más de lo que en un principio estaba dispuesto a pagar la aseguradora. «Esta es una cantidad con la que por lo menos se podrá garantizar una vida más digna al tener acceso a mejores tratamientos para su mejor recuperación y calidad de vida, aunque nunca el dinero es lo suficiente para mitigar el grave daño sufrido», subraya el letrado Abelardo Moreno.
Tras el atropello, fue ingresado de urgencias con un grave traumatismo craneoencefálico, además de con otras fracturas llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria logrando, finalmente, salvar su vida, pero con graves consecuencias. Como parte de su recuperación, participó en programas de rehabilitación en varios centros de atención del daño cerebral. Por las secuelas que padece tuvo que abandonar sus estudios y el deporte. Sus actividades de ocio y tiempo libre han quedado marcadas y padece alteraciones cognitivas que dificultan seriamente su interacción social.
El abogado al que la familia del joven encargó el caso, Abelardo Moreno, especialista en daño cerebral y presidente de la Asociación Neurolegal, asegura que entre las principales secuelas de estas lesiones están las neuropsicológicas y psiquiátricas, las cuales plantean una «enorme dificultad para su valoración al ser invisibles». Se trata, subraya, de daños cognitivos que afectan a la atención, la memoria, el aprendizaje, las funciones ejecutivas, así como altera la expresión de las emociones, necesidades e impulsos. Igualmente el daño cerebral provocó una disminución en la capacidad de coordinar los movimientos y dificultad para mantener el equilibrio.
Esta invisibilidad da lugar, en muchas ocasiones, según este jurista, «a una infravaloración del daño cerebral ante la falta de información y formación de los operadores jurídicos que redunda en los derechos del afectado y su entorno familiar». «El sistema judicial y administrativo debería contar con una guía definitiva de valoración sobre los múltiples tipos de patologías que conlleva un daño cerebral», precisa el abogado especialista.
La aseguradora del vehículo que causó el atropello sostenía que la víctima había concurrido al daño causado al cruzar montado en su bicicleta por el paso de peatones y ofertó a la familia 329.945 euros. Sin embargo, los padres no la aceptaron y, a través del abogado, interpusieron una demanda en los juzgados de primera instancia de Burgos. No solo se realizaron por expertos peritaciones psicosociales y neurológicas, sino también se solicitaron informes de reconstrucción del atropello y se valoraron las secuelas cognitivas con las futuras necesidades de actuaciones médicas futuras y ayuda de tercera persona.
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