Los funcionarios de prisiones se encerrarán en la cárcel para exigir la equiparación salarial

Según explican fuentes del CSIF, se trata de la primera movilización de una campaña nacional que se realizará a lo largo de abril, para urgir la convocatoria de una mesa de negociación que dé respuesta a sus reivindicaciones. El calendario de movilizaciones incluye dos encierros, los días 5 y 12 de abril, así como cuatro concentraciones -cada jueves de mes- ante la sede del Ministerio de Interior.

El objetivo general de estas movilizaciones, que podrían continuar más allá de abril, es exigir al Gobierno que garantice la equiparación salarial de los funcionarios de prisiones del conjunto de España, con respecto a Cataluña, única comunidad autónoma que tiene competencias en materia penitenciaria. Y es que, al igual que sucede en otros ámbitos de la función pública, las diferencias salariales entre territorios son abismales.

En este sentido, desde CSIF se asegura que la horquilla oscila entre «mínimo de 1.600 euros (funcionario de oficina genérico) hasta los 25.000 euros en el caso de un director de centro penitenciario». Asimismo, se reclama la reclasificación de niveles, la asignación al grupo B de los actuales C-1, y la recuperación del 100% de las pagas extras perdidas en 2010.

A mayores, el encierro en el centro penitenciario de Burgos servirá también para poner sobre la mesa las reivindicaciones locales, que no son pocas. Y es que, según manifiesta Héctor Pérez, de APFP, la situación que atraviesa el centro penitenciario burgalés es «mala». «Llevamos denunciando mucho tiempo la falta de personal» que se arrastra en el centro sin que haya habido respuesta. «Tenemos demasiado personal en prácticas y en segunda actividad» y no se cumple la RPT, asegura Pérez al tiempo que insiste en que la última Oferta Pública de Empleo no satisface las necesidades.

«Pasa el tiempo y no se solucionan los problemas» que arrastran numerosos centros penitenciarios, incluido el de Burgos, que mantiene su línea de trabajo «gracias a que la población reclusa no ha crecido» en los últimos años, afirma el portavoz de APFP.