La Fiscalía de Valladolid descarta sobrecostes en la obra del Hospital de Burgos y archiva las denuncias

La resolución de la Fiscalía reconoce que «es cierto» que se produjeron retrasos en las obras, «pero también que las modificaciones en el plan inicial superaban el 20% (...) y repercutieron en todos los aspectos del contrato, desde la obra misma al equipamiento, la financiación y los reequilibrios posteriores». Destaca que la empresa «pudo rescindir el contrato, pero lo que quiere es restablecer el equilibrio económico financiero del contrato en términos del incremento de los márgenes bancarios y gastos de asesores y comisiones de agencia».

La fiscal jefe apuntala su argumentación aludiendo a la resolución del Tribunal de Cuentas, en un auto de marzo de 2015, por la que archivó las diligencias porque consideró que «tanto los modificados del proyecto de obra que autorizaron el incremento de la inversión como las resoluciones por las que se modificó el contrato incrementando su precio para establecer el equilibrio económico financiero de la concesión fueron tramitados cumpliendo todos y cada uno de los requisitos procedimientales exigidos, incluido su control de la legalidad por los servicios jurídicos de la comunidad» y otros organismos externos. Subraya que «la complejidad del contrato y las dificultades derivadas de ulteriores modificaciones hacen prácticamente imposible concluir que existan indicios de delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos».

Fue el 1 de abril de 2019 cuando el procurador por Ciudadanos y miembro de la comisión de investigación sobre las obras del HUBU, Manuel Mitadiel, actual gerente de Sacyl, denunció en la Fiscalía las cantidades que abonó la Junta a la concesionaria en concepto de beneficio industrial y gastos generales que, a su juicio, habría supuesto un pago indebido a la empresa de 56 millones de euros. Además, respecto de los gastos adicionales derivados de la modificación del contrato en octubre de 2009, alegó que un «cálculo erróneo» habría supuesto un sobrecoste de 5,9 millones de euros.

Mientras la Fiscalía vallisoletana tramitaba estas diligencias, el 12 de agosto de 2019 Anticorrupción remitió a la Fiscalía Superior de Castilla y León otra denuncia sobre el HUBU, esta otra formulada por los representantes de Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista en la comisión de investigación parlamentaria, conjuntamente con la plataforma Sanidad Pública SI, Asociación Libre Arquitectura y Ecologistas en Acción de Burgos, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación al proyecto, construcción y gestión del hospital supuestamente cometidos por responsables de la Junta y la empresa adjudicataria y la sociedad mercantil Nuevo Hospital de Burgos, SA.

Para los denunciantes, la ejecución del contrato, firmado en Valladolid el 28 de abril de 2006, «se había desarrollado con repetidos incumplimientos de la concesionaria, sin que la Administración cumpliera con su obligación de vigilancia, utilizando los instrumentos a su alcance, sancionando o, al menos, reclamando el cumplimiento de lo pactado». Además, achacan a la Junta haber dado «cobertura legal a dichos incumplimientos, dictando resoluciones injustas con el consiguiente perjuicio para el erario público». Calculan que cada uno de los retrasos producidos en la ejecución de la obra, en total 24 meses, habrían tenido un grave perjuicio para las arcas de la comunidad, toda vez que el coste inicial del contrato de concesión era de 1.010 millones de euros y pasó a ser de 1.650 millones.

Tras un año de bucear en la ingente documentación y las sentencias y pronunciamientos que lleva aparejado el HUBU (entre otros, del Consejo de Cuentas, que reconoce el derecho de la Administración a variar las condiciones no esenciales del contrato), la Fiscalía ha archivado las diligencias penales. Contra esta resolución no cabe recurso, aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los denunciantes acudir directamente al juzgado de instrucción.