Fiscalía, letrados y profesionales sociales profundizan en las nuevas problemáticas de los menores conflictivos o desamparados

También, en el ámbito de las medidas de protección, se estudiará la problemática aparejada al uso de las nuevas tecnologías, los menores extranjeros no acompañados, así como la gestación subrogada. El curso fue inaugurado por la fiscal superior de Castilla y León Lourdes Rodríguez Rey, y por el director de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León Luis Miguel González Gago, que estuvieron acompañados en el acto por las directoras del mismo María Teresa Vicente Calvo fiscal delegada de Menores en la Fiscalía de Valladolid, y Esperanza Vázquez Boyero directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad de la Junta de Castilla y León.

Bajo el título 'Coordinación entre la Administración y el Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de menores', asistieron al curso un total de 40 participantes de Castilla y León. Se trata de un curso multidisciplinar, al que, además de fiscales y letrados, asisten otros profesionales de los servicios sociales que desarrollan su trabajo en la intervención con menores, procedentes de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y de las principales entidades de la provincia de Burgos -Diputación provincial y ayuntamientos de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro-, y profesionales sanitarios del área de pediatría y trabajadores sociales de centros de salud.

Su objetivo es acercar el sistema de justicia penal y el procedimiento de responsabilidad penal de los menores, así como las medidas que se les pueden aplicar, a todos aquellos profesionales que trabajan en esta área, para dar una respuesta adecuada a la intervención social con menores.

Asimismo, se abordan otros temas de actualidad derivados de los cambios sociales y culturales producidos en los últimos años y que inciden en la situación de los menores, como son las repercusiones del uso de las tecnologías de la información y comunicación por los jóvenes, con la aparición de nuevas conductas reprochables, como el 'stalking' u hostigamiento a través de estas nuevas tecnologías o el 'ciberbulling' o acoso escolar a través de las redes, la problemática social y jurídica que plantea el fenómeno de los denominados MENAS -menores extranjeros no acompañados-, o la gestación subrogada.

En la inauguración, el director de los Servicios Jurídicos, González Gago, expuso las diferencias del procedimiento penal para el enjuiciamiento de los menores, cuya finalidad no es solo sancionadora, sino principalmente educativa, destacando que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000 contempla un amplio catálogo de medidas que deben ser impuestas por el juez, siempre teniendo en cuenta el superior interés del menor, y que posteriormente van a ser ejecutadas por profesionales especialistas en el área de educación y formación de la entidad de protección y reforma de la Comunidad.

Por parte de la fiscal superior Rodríguez Rey se puso de manifiesto la importancia de la colaboración de la Junta de Castilla y León a través de los profesionales con competencia en la materia y la necesaria coordinación entre todas las instituciones implicadas, tanto en la materia de reforma -menores infractores- como en la de protección -menores en situación de desamparo-.

Asimismo, hizo referencia a que el procedimiento para exigir responsabilidad penal a los menores tras casi 20 años de recorrido merece una valoración positiva y, por ello, bien podría servir de referente para el nuevo modelo de proceso penal que reiteradamente se viene demandando por la Fiscalía.