La Fiscalía de Castilla y León se inhibe en supuesta trama del HUBU y remite la investigación a la Fiscalía de Valladolid

La denuncia de Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista, 'Sanidad Pública SI', Asociación Libre Arquitectura y Ecologistas en Acción de Burgos había sido interpuesta en Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción y ésta la había remitido el pasado 12 de agosto a la Fiscalía Superior de Castilla y León, cuya responsable en funciones, Purificación Sobrino Garrido, a través de un decreto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, acuerda inhibirse en el caso y remitir el mismo para su investigación a la Fiscalía de Valladolid.

Los denunciantes ponían en conocimiento hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, «sin que aparezca como posible responsable del mismo ninguna persona aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por lo que la competencia para la investigación de los hechos presuntamente delictivos corresponde a la Fiscalía vallisoletana, pues los hechos denunciados se habrían producido en la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, con sede en Valladolid», según reza el decreto.

Se estima patente, por ello, «la falta de competencia para la investigación de los hechos pretendidamente delictivos, dada la no aportación de elementos indiciarios de delito en el que haya intervenido alguna persona aforada, por lo que procede la conclusión y archivo de las presentes diligencias y la remisión de la denuncia y documentación aportada, a la Fiscalía Provincial de Valladolid», insiste la fiscal en funciones de Castilla y León.

En el escrito presentado, y del que se hará cargo ahora el departamento de Soledad Martín Nájera, se denuncia una serie de irregularidades presuntamente cometidas por los responsables de determinados órganos de la Junta de Castilla y León y la empresa adjudicataria de las obras, la sociedad mercantil 'Nuevo Hospital de Burgos, SA' en relación con la concesión, ejecución, construcción, financiación y explotación del HUBU.

Los denunciantes ponen de manifiesto que la ejecución del contrato de construcción y explotación del HUBU, firmado en Valladolid el 28 de abril de 2006, se ha desarrollado con repetidos incumplimientos de la empresa concesionaria, sin que la Administración no solo no haya cumplido con su obligación de vigilancia, no utilizando los instrumentos a su alcance sancionando o al menos reclamando el cumplimiento de lo pactado en el contrato, sino que habría dado cobertura legal a dichos incumplimientos mediante el dictado de resoluciones injustas con el consiguiente perjuicio para el erario público.

Así, los denunciantes refieren una serie de resoluciones deldirector gerente de la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, con sede en Valladolid, que habrían permitido que se llevara a cabo lo anteriormente indicado: Una primera de fecha 20 de febrero de 2006 de la concesión a favor de una oferta que, según los informes técnicos y económicos de los comités evaluadores, era la tercera.

También se alude a resoluciones de fechas 18 de mayo de 2007 y 17 de marzo de 2008 (que los denunciantes dicen no haber podido localizar) que aprueban modificaciones al proyecto inicial, suprimiendo obras necesarias, con la consiguiente modificación del presupuesto y plazo de ejecución, así como la de fecha 9 de octubre de 2009 que supone una nueva modificación del proyecto inicial incrementando el presupuesto y plazo de ejecución de la obra.

Apuntan también que pese al incumplimiento de los plazos de inversión comprometidos por la empresa adjudicataria de la obra, en resoluciones de fecha 26 de noviembre de 2010 y 3 de octubre de 2012, la administración asumió la responsabilidad del retraso y paga los gastos de estructura de la concesionaria y adelantando el importe del beneficio que esa debería haber tenido dentro de 25 y 26 años, abonando todo ello a plazos y por ello recargado con costes financieros a favor de la empresa.

Según manifiestan los denunciantes, cada uno de los retrasos producidos en la ejecución de la obra, en total 24 meses, han tenido perniciosos efectos económicos para el Tesoro, toda vez que del coste inicial del contrato de concesión en su conjunto de aproximadamente 1.100 millones de euros se ha pasado a la cantidad de 1.650 millones euros, sin que aparezca suficientemente justificado este incremento.

La denuncia que ahora será competencia de la Fiscalía de Valladolid es distinta, aunque similar en cuanto al contenido, de la que el entonces procurador de Cs Manuel Mitadielpresentó en abril ante un supuesto delito de malversación que cifró en cerca de 50 millones de euros relativo al primer reequilibrio en el proyecto de construcción del Hospital Universitario de Burgos, al entender que se abonaron a la constructora conceptos que no figuraban recogidos en el contrato.

Dicha denuncia, según las mismas fuentes consultadas por Europa Press, correrá suerte similar y recaerá finalmente en la Fiscalía de Valladolid, donde se presentó inicialmente y donde acabará tras pasar por la Fiscalía Anticorrupción y luego por la Fiscalía Superior de la Comunidad.