PP y Cs firman en Castilla y León un acuerdo de cien medidas, entre ellas estudiar la reversión del HUBU para lo público

El documento presentado por los líderes autonómicos de ambas formaciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs), se inicia con el compromiso mutuo de reforzar la protección de los informantes sobre delitos contra la Administración, según recoge la agencia EFE.

Asimismo, las dos formaciones han convenido impulsar una reforma «urgente» del Estatuto de Autonomía de Castilla y León con el fin de suprimir los aforamientos, tanto de los procuradores de las Cortes, como de los miembros del Ejecutivo autonómico.

También entre los puntos incluidos en este apartado de regeneración se incluyen compromisos mutuos como la restricción de los puestos de libre designación, la simplificación burocrática, el reparto objetivo de los planes de medios y publicidad institucional o la limitación de mandatos a ocho años para los cargos públicos, entre otros. No obstante, esta limitación de mandatos será efectiva a los titulares de una Consejería, una Viceconsejería, una Secretaría General, una Dirección General o una Delegación Territorial, aunque los firmantes han reconocido en el documento «excepciones» a estas limitaciones, que deberán estar «justificadas», aunque en ningún caso serán aplicables a los Consejeros.

Del mismo modo, también es voluntad de los firmantes extender esta limitación de mandatos a los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de la Diputación en los casos en los que se suscriban acuerdos de gobernabilidad entre PP y Cs, mientras que en caso de los cargos que ya fueran alcaldes o presidentes desde hace cuatro años o más el cómputo de ocho años comenzará desde la firma de los acuerdos suscrito hace cuatro años entre ambos.

Menos diferencias programáticas han encontrado 'populares' y 'naranjas' en materia fiscal, donde las dos formaciones han rubricado fijar una «fiscalidad favorable» al mundo rural de la Comunidad a través de bonificaciones y deducciones del IRPF o la bonificación del 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos.

Es esta una bonificación que sería ampliable a las sucesiones en la empresa familiar o agraria o para la adquisición de la primera vivienda e el mundo rural.

En materia económica y empleo, el acuerdo programático comienza este epígrafe con el compromiso de fomentar la igualdad para que el número de puestos de trabajo ocupados por mujeres «se acerque, cada vez más, al de hombres», con bonificaciones a las empresas.

También se incluyen en este apartado económico medidas incluidas en los programas del PP y Cs, como la reducción de las trámites administrativos, el impulso del I+D+i o la captación de talento y transferencia de conocimientos.

En el apartado sanitario, el compromiso que abre este apartado es el de reducir todas las listas de espera en el sistema sanitario autonómico, mediante la realización de una auditoría tras la que se publicarán las «listas de espera estructurales y no estructurales» para adoptar soluciones.

La promoción de la libre elección de hospital, el impulso de la transparencia, pero, especialmente, el aumento progresivo del gasto destinado a Atención Primaria, con el objetivo de alcanzar el 20 por ciento del total del gasto del Servicio de Salud al final de la legislatura son otros acuerdos incluidos en el documento.

Cierra este apartado el acuerdo de «estudiar» las vías de reversión de la concesión del Hospital de Burgos para lo público, una reivindicación que ha sido tónica general de los grupos de la oposición durante la pasada legislatura.

En Educación, el acuerdo registra el pacto por avanzar en la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años; el compromiso por la escuela rural; el aumento de los recursos a las universidades con mayores «resultados de empleabilidad o investigación», aunque fuera de este acuerdo queda la reivindicación de una EBAU única en toda España.

En políticas sociales, han convenido desarrollar en el ámbito de las competencias autonómicas una Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir -Ley de Muerte Digna- u otras como el fomento de la integración de los inmigrantes o la dotación presupuestaria del acuerdo nacional de lucha contra la violencia de género, con «especial énfasis en la evaluación de los resultados».

En Fomento, las dos formaciones han acordado diseñar una Estrategia Logística Regional que dote de un valor añadido al tejido productivo autonómico, además de otras medidas como la solicitud de mejoras en la red ferroviaria al Gobierno de España, la rehabilitación de viviendas.

Relegado al número octavo del acuerdo, han rubricado su compromiso por luchar contra la despoblación y la nueva ordenación del territorio, mediante la creación de un grupo de trabajo de expertos independientes nombrados por las Cortes.

Finalmente, otras medidas incluidas en el acuerdo han versado en materias como Agricultura, con el impulso de la digitalización en el sector, o Turismo y Cultura, con la promoción del valor del patrimonio histórico de la Comunidad como factor de desarrollo.