Final feliz para una familia con cinco hijos que iba a ser desahuciada

Por ello, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos (PAH) convocó de urgencia una concentración que ha servido para que finalmente la propietaria ceda su vivienda, de la que no cobra el alquiler desde marzo de este año, durante trece días más, concretamente hasta el 20 de septiembre. Es en esta fecha en la que se producirá el tercer alzamiento, después de que los dos anteriores, el de hoy y otro en junio, se hayan aplazado «por humanidad» ha recordado la representante de la propietaria.

Todo a la espera de que la Comisión de Seguimiento del Parque Municipal de Vivienda se reunirá el próximo 17 de septiembre y decia cuáles de las 20 familias que han solicitado una de las siete viviendas disponibles tienen mayor urgencia. Precisamente, Julia Braceras, portavoz de la PAH de Burgos, ha denunciado a las puertas de la vivienda de la familia que «a nadie se le ha ocurrido adelantar la convocatoria». Además ha condenado que el Ayuntamiento no cumpla con algo tan básico y que recoge la ONU como es la imposibilidad de desalojar de una vivienda a una familia en la que haya menores de edad sin tener una alternativa habitacional.

Sin embargo, en este punto, Gema Conde, concejal de Servicios Sociales, ha asegurado esta mañana que el Ayuntamiento elaboró un escrito que remitió al Juzgado para solicitar un aplazamiento del desalojo hasta que se otorgasen las viviendas del Parque Municipal. Este documento no surtió efecto, pero aún así Conde ha explicado que los Servicios Sociales recurrirían a ofrecer un alojamiento temporal a la familia y que no se quedarían en la calle.

Además, la máxima responsable de Servicios Sociales ha pedido respeto para los técnicos municipales y que les dejen trabajar desde la PAH. En este sentido, Conde ha explicado que hasta el momento ha habido una colaboración constante con la Plataforma, pero esto cambiará si la PAH utiliza «palabras gruesas» y ofrece «informaciones malintencionadas».

En la PAH han cargado contra Conde y no contra los técnicos porque «los trabajadores sociales hacen lo que pueden con las herramientas que tienen», ha defendido Braceras. Asimismo, considera que la concejal podía haber hecho más y no dejar en manos de la PAH la defensa de los derechos de personas en situaciones extremas.

Por último, aunque tienen muchas opciones de ser una de las familias a las que se las concedan una de las siete viviendas municipales disponibles, esto no está ni mucho menos garantizado. Conde ha criticado que la PAH haya asegurado que esta familia será beneficiaría de una vivienda el día 17 porque ni hay un orden de candidatos ni se han valorado los diferentes expedientes. «Flaco favor hacemos al resto de las familias», ha condenado Conde, porque según ha explicado no es seguro que vayan a recibir la vivienda, aunque sí espera que puedan hacerlo.

Finalmente, el final feliz ha sido celebrado por la familia que «no tenía ni la más mínima esperanza» de que se fuesen a quedar esta noche en su actual vivienda, confiesa el padre. De hecho, ya habían recogido en maletas, cajas y bolsas todas sus pertenencias.

El cabeza de familia, electricista, fontanero y carretillero de profesión, ha asegurado que «estamos entre la espada y la pared. Llevo cuatro meses trabajando con una nómina de 700 euros que no me permite ni pagar el alquiler ni pagar otro piso». Sin embargo, hace un mes que se le acabó el contrato y actualmente está en el paro y sufre una enfemedad renal que le implica una discapacidad laboral del 78%. Con esta situación y su mujer también en paro no pueden hacer frente al pago de un alquiler a precio de mercado y se han visto en la necesidad de recurrir a los Servicios Sociales.

Fátima, que se abrazaba a los miembros de la PAH tras el aplazamiento del desahucio, ha confesado que llevan tiempo pasándolo muy mal y que todo se precipitó cuando en marzo de este año hizo incorrectamente el ingreso del alquiler a la propietaria de la vivienda y se inició el proceso para que desalojasen el piso.