CGT exige a la Junta amparo para los trabajadores de Servicios Sociales tras el supuesto robo de fondos de menores tutelados

En este sentido, desde el sindicato insisten en que, lejos de destapar el caso, la administración autonómica «ha tratado de ocultarlo». No en vano, se tenía conocimiento del supuesto desvío de dinero desde hacía meses, pero ha acabado siendo «un abogado de Madrid» quien ha destapado el caso a la opinión pública. Así, según relata Basilio Villacorta, delegado de CGT en la Junta de Funcionarios, durante meses ha habido «presiones» por mantener el asunto oculto.

Sea como fuere, el caso ha acabado saliendo a la luz pública y, a raíz de él, la plantilla de la Sección de Protección de Menores se ha visto directamente señalada por parte de diferentes ámbitos, incluida una de las familias de acogida. Y la Gerencia de Servicios Sociales y la Junta, aseguran desde CGT, no han salido en defensa de su «honestidad».

Pero a mayores, este caso evidencia, según el sindicato, la situación de «precariedad» que arrastra el servicio de Protección de Menores. En este sentido, Mirela Bárcena, trabajadora de la sección, reitera que «no hay mecanismos de control» que permitan detectar y atajar a tiempo situaciones como esta. Por no haber, subraya, no hay ni personal suficiente como para asumir todo el trabajo que tiene encomendada la sección.

Actualmente, según ha criticado CGT, el servicio cuenta con una plabntilla de 15 trabajadores, de los cuales, sólo cinco son fijos. El resto son interinos. Y la carga de trabajo es tal que no dan a basto para controlar y mantener un seguimiento de los casos en una materia tan «sensible» y «compleja» como la atención a menores.

Por todo ello, desde el sindicato se han puesto varias exigencias sobre la mesa. La primera de ellas pasa por acabar con el «total desamparo» en el que han dejado a los trabajadores del servicio a raíz del caso de los supuestos desvíos de dinero. La segunda pasa por un incremento y consolidación de la plantilla del servicio en Burgos para equipararle al de otras provincias del entorno, en la que «el cien por cien» de los trabajadores sean fijos. Además, CGT insiste en la necesidad de dotar a la sección también de recursos materiales, sobre todo en materia de infraestructura.