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Lo que empezó siendo una protesta vecinal pacífica contra el proyecto de construcción de un bulevar y un aparcamiento subterráneo en la calle Vitoria acabó convirtiéndose hace ahora diez años en una batalla campal que se prolongó durante varios días y que convirtió a Gamonal en una suerte de símbolo de lucha vecinal en España.
Tras bloquear el inicio efectivo de las obras, la madrugada del 10 al 11 de enero de 2014 se sucedieron los primeros disturbios, con contenedores en llamas, lanzamiento de objetos, cargas policiales y numerosas detenciones, un escenario que se prolongó varios días hasta que el Ayuntamiento dio marcha atrás y paralizó sine die las obras. Aquellas jornadas dejaron una miríada de imágenes que recorrieron España y parte del mundo.
El Ayuntamiento de Burgos proyectó la transformación de la calle Vitoria en un bulevar a su paso por Gamonal, reduciendo los carriles de circulación y construyendo un aparcamiento subterráneo con 256 plazas en concesión a 40 años. El proyecto se adjudicó por 7,8 millones de euros a la UTE formada por Copsa y Aroasa.
A pesar del rechazo de parte de los vecinos y asociaciones del barrio, los operarios comenzaron a trabajar en la mañana del 9 de enero en el entorno de Juan XXIII. Apenas se había comenzado a trabajar en la zanja cuando se tiraron las vallas de obra.
A partir de ese día se paralizaron las obras de manera efectiva, mientras las protestas subían de temperatura. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió seguir adelante con las mismas.
En la madrugada del 10 al 11 de enero se desarrollaron los primeros disturbios en el barrio, con contenedores ardiendo, mobiliario urbano destrozado y las primeras intervenciones policiales.
Ya desde la primera noche se personaron en el barrio numerosas patrullas de la Policía Nacional, incluidos antidisturbios, que durante esos días procedieron a realizar numerosas detenciones.
La actuación policial y las detenciones efectuadas provocaron la reacción de pare de los vecinos, que se concentraron también a las puertas de Comisaría para exigir la liberación de los arrestados.
Aunque las asociaciones vecinales que inicialmente se movilizaron en contra del proyecto se desligaron de las protestas una vez iniciados los disturbios, se generó un movimiento vecinal de 'resistencia' en el barrio.
Tras varios días de protestas y disturbios, el entonces alcalde, Javier Lacalle, confirmó la paralización sine die de las obras en una rueda de prensa multitudinaria, a la que acudieron muchos de los numerosos medios nacionales que cubrieron el conflicto.
Los disturbios provocaron infinidad de daños materiales en contenedores y mobiliario urbano, y la paralización de los trabajos obligó al Consistorio a abonar una indemnización de 274.000 euros a las empresas adjudicatarias.
Finalmente, 18 de los detenidos durante los disturbios acabaron sentándose en el banquillo del juzgado acusados de sendos delitos de atentado a agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Y finalmente, diez fueron condenados, si bien, a la mayoría se les impuso la pena mínima, de seis meses de prisión.
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