Desestiman el recurso del PP y adjudican el control de la zona de bajas emisiones

En este sentido, el portavoz en funciones del equipo de Gobierno, David Jurado, ha asegurado hoy que la desestimación del recurso viene avalada por los informes municipales, que han fiscalizado el procedimiento «hasta en cuatro ocasiones» sin hallar ninguna vulneración de la normativa.

Así, y en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de Contratación, se ha procedido a adjudicar el contrato, uno de los de mayor entidad de los firmados en los últimos meses. No en vano, parte con un presupuesto de algo más de 3,5 millones de euros.

Y su desarrollo, además «corre prisa». Y es que, tal y como ha recordado Jurado, la implantación de una zona de bajas emisiones es una actuación obligada para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de acuerdo a la normativa de la Unión Europea, que ha establecido que el 1 de enero de 2023 como plazo de puesta en marcha.

Para ello, eso sí, el Ayuntamiento cuenta con financiación extraordinaria. No en vano, el proyecto fue seleccionado por los fondos Next Generation, mediante los que se aportarán algo más de 2,6 millones de euros al proyecto. El resto, alrededor de 900.000, deberán ser aportados directamente por el Ayuntamiento.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha lamentado esta adjudicación del contrato y ha señalado que así «se consuma el pelotazo del bipartito». Considera Blasco que este contrato es tirar «una parte importante de los recursos por la borda».

Ha acusado a De la Rosa de «despilfarrar» más de 3,5 millones de euros en «comprar unos aparatos para poner multas a quien circule por las zonas prohibidas porque lo manda Sánchez y a pesar de que sabe que nunca se van a utilizar», argumenta Blasco.

La portavoz municipal del PP ha insistido en que el procedimiento llevado a cabo es «incorrecto». El PP acusa al equipo de Gobierno de haber «montado un contrato para una empresa en particular, y carece de documentos esenciales en cualquier contrato de obra. Y lo más grave es que lo hacen a sabiendas».

Blasco también asegura que el proyecto carece de estudio de seguridad y salud y del plan de gestión de residuos, por ello el grupo municipal del PP pedirá explicaciones a todos los intervinientes en el procedimiento «ante las carencias apreciadas con el objetivo de que se aclare, entre otras cuestiones, dónde están los documentos obligatorios que aseguran que existen sin ser cierto», acusa Blasco.

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