CGT denuncia «irregularidades» en las subvenciones de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

Según ha asegurado esta mañana Basilio Villacorta, delegado del sindicato en Burgos, dicho informe, emitido meses atrás, corrobora una absoluta falta de control de las cuentas de la Fundación, que se nutre de la aportación de fondos del Ministerio de Empleo. Unos fondos que, posteriormente, la Fundación reparte entre diferentes colectivos dedicados al desarrollo de actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

El problema radica, según Villacorta, en que la «práctica totalidad» de los fondos repartidos entre 2012 y 2015 fueron a parar a las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y a los sindicatos CCOO y UGT, organizaciones presentes en el Patronato de la Fundación y que hasta septiembre de 2015 tenían mayoría en el mismo.

En total, en el periodo comprendido entre 2012 y 2015, la Fundación repartió «78,6 millones de euros» para el desarrollo de diferentes actividades vinculadas a la prevención de riesgos en el conjunto del territorio nacional. Las dos organizaciones empresariales recibieron unos 39,4 millones, mientras que los sindicatos CCOO y UGT recibieron alrededor de 19,6 millones cada uno. Según subrayan desde CGT, al margen de esas cuatro organizaciones, tan solo el sindicato USO (40.681 euros) y la Confederación Intersectorial Galega (131.361 euros) se vieron beneficiados por las subvenciones en el periodo estudiado.

En este sentido, además, el informe del Tribunal de Cuentas asegura que «se han vulnerado los principios de gestión» contemplados en la Ley General de Subvenciones, toda vez que los baremos de asignación no se ajustaron a los principios de «publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación».

Es más, según asegura Villacorta, «en muchos casos», las subvenciones no estaban debidamente «justificadas». «No se justifican ni los cursos, ni las visitas a las empresas ni el material» utilizado para la actividad. Tampoco se realizaba, según afirma, el debido «seguimiento» a los resultados obtenidos por las diferentes actividades desarrolladas y en «algunos casos», se contrató a personal «sin cualificación en prevención de riesgos laborales».

Por todo ello, desde CGT Burgos, que ha sido la agrupación que ha estudiado el asunto, se considera que estamos ante un posible caso de «malversación de caudales públicos» que debe ser investigado. Así, el sindicato no descarta la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales. «Nuestros servicios jurídicos lo están estudiando» y es probable que se acuda a la Fiscalía, ha asegurado Villacorta.

Con todo, las acusaciones de CGT no han tardado en encontrar respuesta. Ni siquiera ha hecho falta irse fuera de Burgos. Y es que, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, presente en la ciudad para participar en una reunión de delegados, ha instado a CGT a acudir a los tribunales «si tienen pruebas».

«No conozco el informe del Tribunal de Cuentas», pero «si alguien habla de malversación», que es una acusación «muy gruesa», debe avalarlo «con pruebas», ha asegurado.

Sea como fuere, Sordo ha insistido en que «a veces», los informes del Tribunal de Cuentas «se sacan de quicio». «A veces hay discrepancias en criterios básicos que se pueden arreglar» y que, en todo caso, no implican la comisión de delitos.