La defensa orienta el juicio de trata a que se ejercía la prostitución voluntariamente

Una de las pocas mujeres que van a declarar en la vista oral (muchas están en paradero desconocido) ha asegurado que ella iba al club y «no vivía allí» sino que lo hacía en su domicilio y que cuando llegaba a Estépar «pagaba 40 euros» al responsable del negocio por la habitación y la manutención. El resto de la ganancia se lo quedaba para ella.

Realizaba los servicios y regresaba a su casa o, circunstancialmente dormía en La Parada. Ha reconocido a M.A.L., S.V.N. y a S.N. como las personas que regentaban el negocio; el primero «en la barra del bar», la segunda como la que «estaba en la recepción» y la tercera en «la cocina». Esta mujer estuvo año y medio y en ese tiempo, explicó, vio a F.V. M, el quinto de los acusados, «que echaba una mano a M.A. L y a la hija de éste y K. L. «que iba de vez en cuando».

Del resto de las testigos, la Sala se atendrá o a pruebas preconstituidas o a los testimonios en sede policial de las mujeres. En la sesión celebradas este viernes han declarado ocho policías nacionales que participaron en diferentes aspectos de la investigación, las vigilancias o el momento de las detenciones.

El Ministerio Fiscal ha tratado de acreditar, con el testimonio de los miembros policiales, que en La Parada se obligaba a las mujeres prostituidas a realizar servicios sexuales en las habitaciones de un supuesto hostal de carretera en Estépar. Y que las personas que presuntamente regentaban el negocio «controlaban y vigilaban a las mujeres».

Se les imputa un delito de trata porque «reclutaban a las mujeres» desde Ucrania, demostrado con resguardos de viajes y pagados por S.V.N, y la Policía ha acreditado que se las prostituía porque en los registros se han encontrado «folios y hojas de registro con el número de la habitación, servicios prestados, deudas contraídas y documentos varios, algunos de viajes».

El ministerio público también ha abundado en preguntar acerca de las conversaciones telefónicas intervenidas y de las que se deduce el posible delito de trata. Es más, se apunta a la existencia de «multas y deudas» reconocidas en esas llamadas y que S.V.N. actuaba presuntamente de «cabeza visible de la organización». Que M.A. L. ejercía de control para que no salieran del club y la madre de la cabecilla, S.N. conocía de qué iba el asunto y actuaba como limpiadora y facilitaba sábanas para los cambios de servicio.

La fiscal apuntaba que, en virtud de los atestados policiales y de los testimonios, existe un delito de trata. Y aunque la Policía no hizo informe de vulnerabilidad, previsto en el artículo 59 bis, de la Ley de Extranjería, se entiende que sí existió esa vulnerabilidad aludida pese a que no queda constatada en los informes policiales.

Es uno de los argumentos a los que se agarra la defensa de algunos de los acusados porque apuntan a que esa supuesta vulnerabilidad de las mujeres, no es tal al no existir ese informe que se realiza cuando se estima que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos. Es la misma Policía la que le informa de la posibilidad de que se acoja a un periodo de restablecimiento y reflexión de una duración de, al menos, 90 días.

Una vez concluido dicho periodo, se podrá facilitar a la víctima, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

En cualquier caso, uno de los policías responsables de la investigación concluyó en todos los extremos en los que la Fiscalía presentó el escrito de calificaciones cruzando datos de viajes, agencias, hospedajes y otros medios para establecer que detrás de toda la trama podría existir la comisión de varios delitos y el número de personas que pasaron por el club.