Crecen los delitos de odio y la elaboración de pornografía infantil en el ciberespacio

Todo lo que se considera delito en el mundo físico es delito en el medio digital, recuerda Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala Coordinadora de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado. Así, la ciberdelincuencia no es un fenómeno criminal aislado, pero sí la consecuencia más peligrosa del uso inadecuado de las nuevas herramientas digitales y de las redes sociales.

El INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) registró 110.000 ciberincidentes en 2016, de los cuales, 67.000 acabaron en denuncia. En la Fiscalía, a falta de conocer los datos de la memoria de 2017, Tejada de la Fuente afirma que el 70% de los procedimientos instruidos por ciberdelincuencia corresponden a estafas, de cualquier clase. Son los delitos más denunciados, lo que no quiere decir que sean los más habituales, ha apuntado la fiscal.

La ciberdelincuencia alcanza a otros delitos como la pornografía infantil, cuyas cifras de criminalidad son «incalculables», y que se han potenciado mucho con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Además, los sistemas tecnológicos cada vez más sofisticados dificultan la investigación y, en el caso de la pornografía infantil, conllevan incluso cambios en el modo de actuar de los delincuentes.

España ha sido tradicionalmente un país distribuidor de pronografía infantil, ha recordado Tejada de la Fuente. Sin embargo, ahora se detecta cada vez más la elaboración de contenidos, que lleva aparejado un abuso de menores. Es una realidad «preocupante», a juicio de la fiscal, como lo es también el aumento de los delitos de odio, las amenazas, agresiones verbales a personas diferentes o que piensan de manera diferente. «Es tremendamente preocupante», pues las redes sociales difuden esos mensajes, que llegan a jóvenes que no siempre tienen un espíritu crítico perfectamente formado.

De ahí la necesidad de desarrollar estratégicas específicas para luchar contra la ciberdelincuencia, que pasan por la prevención y las medidas de protección y vigilancia. También por la coordinación internacional, pues este tipo de delincuencia no tiene límites geográficos. Elvira Tejada de la Fuente ha insistido en la importancia de la colaboración entre estados y autoridades policiales y judiciales de todo el mundo. «Hay que ser mucho más ágiles y eficaces, y dotarnos de nuevas herramientas frente a una delincuencia cuyas huellas son muy volátiles».

Igualmente, Tejada de la Fuente ha destacado el trabajo que se está haciendo en Europa para conseguir que los proveedores de servicios, con independencia de dónde radiquen, tengan que conservar los datos informáticos que manejan y entregarlos en caso de proceso criminal. Debe existe una regulación común en Europa, pero también en el ámbito internacional, pues la fiscal recuerda los problemas que se generan ante legislaciones como la estadounidense, mucho más protectoras con los datos personales, la intimidad o la libertad de expresión.

Elvira Tejada de la Fuente ha participado esta mañana en una jornada sobre ciberdelincuencia, organizada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En ella se ha contado también con el presidente de la Audiencia Nacional. José Ramón Navarro ha recordado que, en los últimos años, el Código Penal se ha ido renovando para incluir la ciberdelincuencia en los tipos penales.

Se han ampliado las tipificaciones, como en el caso de los abusos sexuales a menores, penando el uso de las redes sociales para contactar con menores y concertar encuentros con fines delictivos. O se han creado delitos específicos, como los informáticos o los relativos a la difusión no autorizada de imágenes personales, de contenido sexual o de otro tipo.