Confirmada la condena de 12 años y 132.000 euros de multa a tres personas por trafico de cocaína en Burgos

Las tres personas condenadas son estos dos sujetos, el que ha presentado el recurso y el hombre que le vendía droga en el coche, y la pareja sentimental de este último. Este último sujeto proveía de droga, concretamente de cocaína, a pequeños distribuidores y consumidores de la ciudad de Burgos. Su pareja sentimental también ha sido condenada en este procedimiento judicial a tres años de cárcel y una multa de 8.317 euros.

El Tribunal consideró a la pareja sentimental como cooperadora necesaria ya que, además, convivía con el principal acusado en un domicilio en el que también fue incautada cocaína.

Al principal acusado se le ha condenado a seis años de cárcel y a pagar una multa de 119.402 euros por un delito contra la salud público en la modalidad de tráfico de drogas. Tras un seguimiento e investigación a este sujeto se pudo comprobar cómo venía participando en actividades relacionadas con el tráfico de sustancias tóxicas que consistían en suministrar cocaína entre diversos consumidores y pequeños traficantes. Las gestiones propias de la investigación revelaron su implicación en el tráfico de drogas en una menor escala al comprobarse que trataba de ampliar conocimientos, clientes y contactos y que era conocido por sus bajos precios de venta de cocaína, lo que indicaba que adquiría cantidades de notoria importancia para abaratar su posterior precio de venta.

El condenado que presentó recurso contra la sentencia fue sancionado con tres años de cárcel y una multa de 4.145 euros por tráfico de drogas, sentencia que ahora ha sido ratificada. Este último condenado y el anterior fueron interceptados en el interior de un vehículo por la Policía Nacional portando el segundo 300 euros en metálico y un envoltorio de plástico que contenía 70 gramos de cocaína. La droga iba a ser entregada al otro condenado, quien llevaba 160 euros, cantidad que previamente había sido acordada.

El Tribunal Superior de Justicia ha confirmado en su integridad la sentencia de la Audiencia Provincial. Estipula que la condena del recurrente se fundamenta en una prueba de cargo suficiente, una prueba constitucionalmente obtenida que no es lesiva con su derecho a la intimidad ni otros derechos fundamentales, prueba practicada con todas las garantías de la que se infiere la comisión del hecho y la participación del acusado.