La gestora del Hospital de Burgos pleitea con la Junta para no pagar nuevos equipos

En paralelo al día a día del hospital burgalés que se mueve entre historias clínicas, consultas, pruebas y operaciones, discurre una relación entre la Consejería de Sanidad que dirige Antonio Sáez Aguado y Eficanza, marca comercial de la sociedad concesionaria, que tiene como escenario los juzgados. Los jueces han dado la razón a la Administración autonómica, según datos facilitados por la propia Consejería, en los litigios que Eficanza planteó por variables que se utilizan para fijar el canon anual que recibe del presupuesto autonómico, como la cifra de tarjetas sanitarias adscritas al hospital, el alcance de la factura de la luz o los 'kit' de esterilización que facilita por operación quirúrgica. Todo ello tenía una repercusión económica.

Pero la pugna ahora se dirime en un área mucho más potente, la de incorporación de equipamiento e innovaciones tecnológicas. Eficanza ha planteado hasta el momento 14 recursos contra resoluciones de la Consejería de Sanidad en las que se ordena a la concesionaria la adquisición de nuevo equipamiento. El planteamiento de la Junta es que el contrato obliga a Eficanza a afrontar el mantenimiento y la reposición de equipos, pero también la incorporación de tecnologías innovadoras que surjan, gracias a la 'cláusula de progreso' que incluye ese documento. El de la concesionaria ha defendido en los tribunales -Eficanza ha declinado hacer valoraciones porque el contrato con la Junta incluye una cláusula que no lo autoriza- que todo nuevo equipamiento decidido por la Administración modifica el contrato firmado y debe pagarse. Lo contrario sería admitir una especie de barra libre tecnológica.

Eso es lo que dirimen actualmente los jueces. La última sentencia es de noviembre pasado y para la Junta el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid reconoce la obligación de la concesionaria de comprar el equipamiento que necesite el hospital «sea de reposición o nuevo». Pero el fallo corrige la interpretación de la Junta al señalar que la financiación del equipamiento nuevo, ajeno a reposiciones y que no responda a la 'cláusula de progreso' debe abonarlo el erario público autonómico, si el importe de los equipos reduce la rentabilidad del contrato en más de dos puntos. «Esa circunstancia es de difícil materialización, por lo que no supone perjuicio económico inmediato y directo alguno para la Administración», aseguran oficialmente desde la Consejería de Sanidad. Esa sentencia no es firme, puesto que está recurrida por las dos partes.

En manos de los jueces se encuentran también dos penalizaciones que la Junta aplicó a la concesionaria al hacer las cuentas del canon. Una por la negativa a instalar elementos de mobiliario y otra por una avería en el acelerador lineal que obligó a anular 64 sesiones de radioterapia y que el personal que hace el seguimiento del contrato (parte en una oficina en el mismo hospital y también en la sede central de la Consejería de Sanidad) achacó a falta de mantenimiento. Son dos recursos planteados en junio de 2017 y en septiembre de 2018.

El contrato para la construcción mediante la fórmula de concesión por un grupo de empresas del Hospital de Burgos, su equipamiento tecnológico, con mantenimiento, reparación y reposición, además de la gestión de 14 servicios que se consideran no asistenciales (limpieza, seguridad, esterilización, informática...) durante 35 años ha sido objeto de una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León.

Los procuradores de la oposición ya alertaron de que el contrato era terreno abonado para litigios en los plazos de reposición, los ciclos de vida de los equipos y la aplicación de la 'cláusula de progreso'. En esa comisión compareció Luis Abraira como presidente del consejo de administración de Eficanza y defendió que la Junta se había «pasado cuatro pueblos» con los últimos modificados de tarifas, cambiando «las reglas de juego» sobre la marcha.

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, ha reiterado en más de una ocasión que la Junta ha hecho «siempre una interpretación exigente del contrato, en el interés de los ciudadanos y sin connivencia alguna con la concesionaria».

La página web de Eficanza refleja un accionario integrado por Concessia (22,82%), Urbanizaciones Burgalesas y Obrascón, Huarte, Laín (ambas con el 20,75%), Santander Infraestructuras (17,64%), Grupo Norte (6,63%), Isolux-Corsan (5,19%) y por último, Banco Caja España, Salamanca y Soria e Invergestión (3,11% cada uno).