Burgos supera la media regional de personas en riesgo de exclusión social

Las soluciones a este problema social pasan, según Fernández Maíllo, por establecer conversaciones con las instituciones «porque los diagnósticos están claros pero las salidas no y, en los últimos 10 años, no se ha tomado ninguna medida a nivel regional para frenar la exclusión«.

Del informe se desprende 368.000 personas viven en exclusión social en Castilla y León, lo que supone un 15% del total de la población de la comunidad autónoma. Mientras que en el conjunto de España la tasa de marginalidad se ha reducido un 28%, en Castilla y León solo ha descendido un 7% desde 2013. Una tímida mejoría que no logra maquillar el hecho de que el espacio de la exclusión severa ha subido hasta el 9% en cinco años.

Uno de los datos más significativos del estudio es la tendencia a la dicotomía ent la sociedad castellanoleonesa. Según Fernández Maíllo ha aumentado el número de ciudadanos en situación de exclusión severa situando a la región como la segunda del país con más desigualdad social.

La vivienda, el trabajo o la salud son factores determinantes de esta realidad y el informe Foessa tira por tierra algunas creencias asentadas entre la opinión pública. Porque «el 13% de la población activa de Castilla y León se encuentra en riesgo de exclusión, un 43% de las personas que están en situación de marginalidad sí tiene un empleo«. Esto quiere decir que el trabajo ha perdido »su capacidad integradora«.

Por otro lado, las cifras sobre la región señalan que solo una de cada diez personas en riesgo de exclusión son de nacionalidad extranjera. Otra característica sociodemográfica que refleja el estudio es que en tres de cada cuatro hogares en situación precaria no hay niños y que los municipios de menos de 5.000 habitantes concentran el 37% de la exclusión social en Castilla y León.

Datos que, según Fernández Maíllo, deben llevar a la reflexión: «Vivimos en un momento de mutación social que debemos ser capaces de interpretar y de afrontar «. Y plantea la necesidad de plantear »conversaciones cívicas« para alcanzar el consenso con los agentes implicados en revertir la situación que atraviesa la sociedad.