UGT y CCOO atribuyen la retirada de la ayuda municipal a causas ideológicas

Además, tanto Fraile como Nuñez han explicado que nadie en el Ayuntamiento de Burgos se ha dirigido a ellos, no sólo para comunicarles la noticia, sino simplemente para intercambiar impresiones tras la entrada de un nuevo equipo de Gobierno. En este sentido, han registrado una comunicación dirigida a la alcaldesa, Cristina Ayala en la que le piden una reunión.

Creen que el equipo de Gobierno está cometiendo una «fata de respeto» con ellos, como también «sospecha» que ni se han dirigido a la Universidad de Burgos ni a los miembros de la Memoria Histórica, para comunicarles nada «en un acto de cobardía»

En el escrito exigen explicaciones «después de la noticia aparecida en los medios esta misma mañana, a propósito de la eliminación de la subvención del Ayuntamiento de Burgos a cada uno de los sindicatos (UGT y CCOO) para el 'Asesoramiento laboral a personas inmigrantes'. Ambas organizaciones sindicales quisiéramos que en esta reunión, más allá de los

correspondientes saludos de cortesía que nos debemos».

No se marcan un plazo más allá de «15 días que son los que se dan de plazo» a las empresas en el ámbito de la negociación colectiva. Tampoco han pensado, de momento, «en medidas de presión», que se estudiarían en el caso de que no haya una contestación.

Los representantes sindicales han recordado que la ayuda se debía concretar tras un acuerdo de la Gerencia de Servicios Sociales con su visto bueno. Sin embargo, la convocatoria electoral de mayo dejó a un equipo de Gobierno de PSOE y Cs en funciones y no se llegó a concretar. Hasta llegar a ese punto, los sindicatos entregaron «toda la documentación requerida» por el técnico correspondiente.

Es más, desde el punto de vista técnico «todo era legal y se ajustaba a lo pedido», explicaba Núñez, por lo que nadie podía sospechar que podría llegar esta decisión que, Nuñez y Fraile apuntan es «solo política» porque también dicen los sindicalistas «el empleo también es una competencia municipal», contraargumentando la justificación de PP y Vox.

Con la desaparición de las ayudas de la Junta de Castilla y León, también gobernada por PP y Vox, el anterior alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, indicó que el Ayuntamiento daría una ayuda a los sindicatos para mantener el servicio de Asesoramiento a Inmigrantes. A partir de ahí, se puso en marcha esta maquinaria administrativa.

Así, en octubre, podría desaparecer el puesto de trabajo de la persona que lleva este servicio de asesoramiento, como ha pasado con otros puestos de trabajo que dependían de ayudas institucionales y que se vieron afectados por el último ERE. En este caso, no está inmerso en ese expediente, pero si desaparece la ayuda, «el puesto de trabajo está en riesgo», reconocía Nuñez.

Aunque este servicio es exclusivamente de la capital – cuando se financiaba a través de fondos de la Junta de Castilla y León era provincial – el número de consultas y de preguntas al Servicio ha sido extenso porque la población inmigrante en edad de trabajar supera en la provincia de Burgos las 30.000 personas