El TSJ ratifica la suspensión de las zonas de bajas emisiones de Burgos

Y es que, más allá de confirmar la aplicación de las medidas cautelares impuestas tiempo atrás, el auto del TSJ se mete de lleno en la valoración del asunto y «avanza que el contrato es nulo» de pleno derecho al no estar debidamente planteado.

En este sentido, la sala asegura en su escrito que dicho contrato «no tiene cobertura jurídica» al no estar respaldado por la correspondiente ordenanza municipal y por consiguiente «es nulo». A mayores, el tribunal también señala que el contrato no cuenta con el preceptivo estudio de seguridad y salud, tal y como cuestionó en numerosas ocasiones la hasta ahora portavoz del PP. La ausencia de este documento, insiste Blasco, impide formalmente a la empresa adjudicataria ejecutar el contrato.

Se trata, en definitiva, de un «varapalo a la gestión de Daniel de la Rosa», al que Blasco ha exigido que pague «de su bolsillo» las costas procesales que según el auto ha de asumir el Ayuntamiento.

En todo caso, el asunto aún está a la espera de su resolución definitiva. No en vano, y a pesar de la decisión del TSJ de mantener la suspensión cautelar del contrato, los tribunales aún se deben pronunciar de manera expresa sobre el mismo. De momento, insiste Blasco, los dos autos judiciales publicados hasta la fecha dan validez a los argumentos esgrimidos desde la oposición municipal.

Así, y en virtud del «interés general», Blasco ha instado a Daniel de la Rosa a «poner punto y final a esto», reconocer que «se han equivocado» y desarrollar la correspondiente ordenanza municipal, que desde el equipo de Gobierno se asegura que ya están trabajando en ella.