Asfaltado en mal estado, aceras diminutas o inexistentes, iluminación y mobiliario anticuados, problemas de accesibilidad o carencias de servicios son algunos de los problemas que sufren los vecinos de las calles Tahonas, Subida de San Miguel, San Miguel, Consulado y Camino del Gallego. ... Estamos hablando de la zona centro de Burgos, a un paso de las principales calles comerciales y de los monumentos más emblemáticos, que requiere de una intervención integral que actualice el espacio público, sobre el que poco se ha intervenido en los últimos años.
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Por ese motivo, el Ayuntamiento de Burgos trabaja en un proyecto de reurbanización, que si todo va según lo previsto supondrá una importante mejora de la zona en 2022. El pasado mes de noviembre se iniciaron los trámites para la contratación de la redacción del proyecto, que servirá para definir con total concreción el tipo de intervenciones a llevar a cabo en las cinco calles, ha explicado el concejal de Vías Públicas, Julio Rodríguez-Vigil.
La intención es acometer una renovación global de zona, con reurbanización, mejora de la accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas, repavimentación, acceso garantizado a todas las manzadas (con sus correspondientes aceras), revisión del alumbrado y renovación y ampliación de servicios. Una intervención necesaria porque «no se han llevado a cabo actuaciones de mantenimiento significativas», explica el edil.
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En el proyecto a redactar se incluye también una revisión de las zonas de aparcamiento, sin que se excluya la posibilidad de introducir cambios. Y es que los estacionamientos son uno de los principales problemas que registran las calles, con escasos garajes privados y siendo altamente demandadas por los burgaleses como una de las pocas zonas centro de la ciudad sin zona azul. De hecho, hace unos años, el Ayuntamiento tuvo que habilitar una zona de aparcamiento en Tahonas tras suprimir plazas en la calle Consulado, para garantizar el paso de los vehículos de emergencias.
En estos momentos, el contrato para la redacción del proyecto se encuentra en manos de Hacienda, pendiente de licitación. Saldrá por 23.000 euros y se espera que, para el verano, puede esatar adjudicado. A partir de ahí, la empresa dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para entregar el proyecto, quedando ya su ejecución previsiblemente para 2022. Rodríguez Vigil afirma que, cuando el proyecto esté redactado, se podrá saber la inversión que requerirá y, entonces, se dispondrá de la información necestaria para incluirlo en el presupuesto del próximo ejercicio.
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