De la Rosa reconoce una «duda razonable» en la contratación de las escuelas deportivas, que se revisará de oficio

Así lo ha comunicado el alcalde, Daniel De la Rosa, tras la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana y en la que se ha tomado el acuerdo. De la Rosa busca también evitar una judicialización de la cuestión, pues el Partido Popular ya ha iniciado trámites con la intención de denunciar la actuación del equipo de Gobierno, que considera «ilegal», en palabras del portavoz 'popular', Javier Lacalle.

En concreto, el PP ha solicitado información sobre qué concejales aprobaron el contrato en la Junta de Gobierno, com paso previo a cualquier acción judicial. «No nos ha quedado más remedio», ha afirmado Lacalle, lamentando que el PSOE «nos haya tomado por el pito de un sereno», e insistiendo en que el PP no quiere ser «corresponsable de una ilegalidad», pues lo ocurrido «supera la irresponsbilidad».

Algo que no comparten en el PSOE. El regidor ha recordado que, el pasado 26 de septiembre, la Junta de Gobierno Local acordó la contratación de las escuelas deportivas, avalada por los informes técnicos y jurídicos de Deportes, que consideraban que estaba «sobradamente justificada» la urgencia para acudir a la vía del negociado sin publicidad. De otro modo, las escuelas municipales no habrían podido iniciarse a tiempo.

Sin embargo, el mismo día del acuerdo llegó el informe de los servicios jurídicos municipales que contradecía lo recogido por Deportes, lo que ocasionó el correspondiente reparo de Intervención. Aun así, el PSOE siguió adelante con la tramitación y, por ello, Daniel de la Rosa afirma que «asume la responsabilidad» de la decisión tomada en aquella Junta de Gobierno, pues ahora le surgen «dudas razonables».

Por ello, el equipo de Gobierno ha optado por realizar una revisión de oficio del acuerdo, que se iniciará en una semana, cuando se disponga de los informes técnicos y jurídicos pertinentes. El procedimiento puede llevar hasta seis meses y será necesario acudir al Consejo Consultivo de Castilla y León. Eso sí, mientras se resuelve la revisión «no corren ningún riesgo las escuelas deportivas».

Daniel de la Rosa explica que, en los últimos días, han estado analizando la documentación y, pese a que en su momento se defendió el acuerdo adoptado, ahora le surgen dudas. Se trataría de saber cuál de los dos informes jurídicos tiene prevalencia y, en definitiva, si se podía utilizar la fórmula del negociado sin publicidad para contratar las escuelas municipales como medida de urgencia mientras se saca a contratación el servicio.

Si finalmente se declarase nulo el acuerdo de contratación, el PSOE no tiene intención de «escurrir el bulto» y rectificaría dicho acuerdo. Entonces sí que podrían estar en riesgo las escuelas deportivas, ha recordado el alcalde, pero ya se ha iniciado también el procedimiento para la licitación del servicio de cara al próximo curso. Ha sido en la Junta de Gobierno Local de este jueves, en la que se ha aprobado el expediente de contratación, que sale con un presupuesto base de licitación de 6,5 millones de euros.

El PSOE insiste en responsabilizar al PP de la situación actual pues, afirman, cuando llegaron al Gobierno se encontraron con que no se había hecho nada para licitar las escuelas municipales, aun cuando ya existía la obligación del Tribunal de Cuentas, que había rechazado la fórmula habitual de los convenios.

El Tribunal de Cuentas había hecho la advertencia hace más de un año y, en abril, ya había resuelto las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento. Aun así, ha afirmado De la Rosa, el Partido Popular no movió un papel para licitar el servicio de cara al nuevo curso escolar, de ahí la urgencia en la tramitación.

Desde el PP aseguran que había otras fórmulas para garantizar la prestación del servicio sin llegar al procedimiento de contratación bajo negociado sin publicidad, pero que el PSOE las obvió. De ahí que el PP esté dispuesto a llegar a los tribunales, ya sea por la vía contenciosa o la penal, y espera contar con el apoyo de Cs y Vox, que denunciaron junto a ellos la ilegalidad de los acuerdos socialistas.

«Nos parece oportuno que la decisión sea consensuada», ha afirmado Lacalle, pero si no es así, el PP seguirá adelante porque lo considera una responsabilidad. «No nos podemos quedar de brazos cruzados, sería ser corresponsables de una ilegalidad», ha insistido.