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Sobre la bocina, el equipo de Gobierno conseguía frenar la huelga indefinida que habían convocado para mayo las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Burgos. Lo hacían asumiendo una serie de compromisos con los que pretenden responder a las reivindicaciones del colectivo profesional y ... mejorar su situación laboral. Se marcaron una hoja de ruta y están avanzando.
Así pudieron comprobarlo los trabajadores cuando, a finales de junio, se reunieron con las concejalas de Personal, Nuria Barrio, y Servicios Sociales, Sonia Rodríguez. El encuentro lo habían pedido los propios empleados municipales pues, dos meses después del acuerdo, no habían visto cambios ni mejoras en su trabajo, y desconocían si se habían iniciado los trámites prometidos.
Y, tras la reunión, los trabajadores sociales explican que el equipo de Gobierno va cumpliendo los compromisos. «No es un cumplimiento total», apuntan, y va más lento de lo que les gustaría, «a ritmo del Ayuntamiento». Aún así, se va avanzando y admiten que, dos meses después, hay un grado de cumplimiento «aceptable», y mantienen la confianza en el equipo de Gobierno.
Para empezar, la valoración de puestos de trabajo ya está hecha. La empresa la ha entregado y ahora falta negociarla en la mesa sindical, explica Luis Delgado, representante de los trabajadores. Ellos desconocen el resultado de la valoración, lo sabrán en esa mesa de negociación, pero confían en que recoja sus demandas. «No nos inquieta no saberlo todavía».
El colectivo viene reivindicando que, desde hace una década, asume más responsabilidades y funciones. Y eso tiene que reconocerse, no solo sobre el papel, sino con algún tipo de complemento específico. La concejala de Personal se ha comprometido a que, en la modificación de crédito de septiembre, se recoja la partida presupuestaria que permitiría incluir ese complemento.
«Esperamos que sea así», que la valoración reconozca el aumento de competencias y lo refleje en un complemento específico. Y que Nuria Barrio cumpla y reserve presupuesto. De momento, han cumplido con la promesa relativa a la cobertura de ocho plazas de trabajador social, que deben incluirse en la Relación de Puestos de Trabajo.
Cinco plazas se cubrirán a través de la estabilización de la plantilla, tres se ha incorporado en la oferta pública de empleo y quedan pendientes dos vacantes por jubilación. Además, se ha publicado ya una bolsa de empleo para trabajadores sociales y otra para auxiliares administrativos, esta última para todo el Ayuntamiento pues hay un déficit importante.
De hecho, en los CEAS solo hay 1,5 auxiliares administrativo de las 4,5 que le corresponden, pero el equipo de Gobierno se ha comprometido a tener resuelto el problema para el 15 de julio. Las trabajadoras sociales valoran que se hayan dado pasos para cubrir las plazas vacantes y se haya sacado una bolsa de empleo, aunque vaya algo tarde, apunta Delgado.
«Nos vemos en una situación vulnerable en los CEAS porque no hay auxiliares administrativo y la cadena se ralentiza», admite, pero ven intención de solucionar el problema. También Sonia Rodríguez ha pedido a la Junta, como prometió, aumentar la ratio de trabajadores sociales por CEAS, y que el gobierno regional asuma la financiación que le corresponde como administración competente.
Menos éxito han tenido en la cobertura de las bajas, que sigue siendo uno de los pendientes, y que a juicio de los trabajadores sociales no se solucionará si no se cambia el modelo. «Los CEAS son un servicio esencial», asegura Delgado, pues es la entrada a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, así que debería cubrir las bajas de manera inmediata.
Para ello es necesario simplificar el sistema, como se hace en otras administraciones, para que la cobertura sea más flexible y ágil. Una bolsa de empleo abierta sería una opción, apunta Luis Delgado, pero reconoce que «todavía no les han convencido». El modelo debe cambiar y hay opciones, siendo siempre garantistas y cumpliendo con la ley.
Así las cosas, las trabajadoras sociales le dan cierto margen de confianza al equipo de Gobierno pues ven que va cumpliendo los compromisos, aunque sea con retrasos. Eso sí, les reclaman reuniones periódicas (la próxima en septiembre) para conocer de primera mano la evolución de los acuerdos. De momento, se han suspendido las medidas de presión anunciadas en junio.
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