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La desaparición del poblado chabolista de El Encuentro está cada vez más cerca. Tras la adquisición de 14 viviendas por parte del Ayuntamiento de Burgos, a través del convenio de colaboración suscrito con la Junta, va a permitir iniciar este 2022 el realojo de las ... familias, que se está gestionando por parte de los Servicios Sociales municipales, de la mano de Promoción Gitana.
La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, recuerda que eran 38 las familias que residían en El Encuentro cuando arrancó el programa de realojo. De ellas, dos ya han podido salir del poblado, para vivir en viviendas municipales, pero el resto se irán realojando entre 2022 y 2023 en las viviendas adquiridas bajo el convenio de colaboración, que cuenta con una inversión de 3,2 millones de euros.
De las 14 viviendas adquiridas el pasado año, algunas están para ocuparse de manera inmediata pero otras necesitan de pequeñas obras de mantenimiento, arreglos o pintura. Así, en cuanto esté todo preparado, y las familias seleccionadas, se procederá a los realojos. Mientras, el Ayuntamiento trabajará para la compra de otras 14 viviendas este año, de modo que afinales de 2023 el poblado sea historia.
Rodríguez recuerda que estamos hablando del «más grande de toda Castilla y León», así que es una prioridad, tanto del Ayuntamiento como de la Junta, acabar con él. De ahí ese convenio, por el que ambas administraciones aportan 1,6 millones de euros. Las viviendas que se adquirirán pasan a formar parte del centenar de viviendas municipales destinadas a fines sociales.
El Ayuntamiento dispone de 79 viviendas para el programa dual, destinado a familias en exclusión para erradicar la infravivienda y el chabolismo. Además, cuenta con otras 15 viviendas cedidas a organizaciones sociales, como las que se usan para acoger a víctimas de la violencia de género, para ayudar a la integración de personas con discapacidad y otros programas sociales.
Además, Burgos cuenta con el denominado 'parque municipal de viviendas', específicamente destinado a familias que han perdido su vivienda por un desahucio, ya sea por impago de hipoteca o de alquiler, o que estén en riesgo de perderla. Recientemente se ha resuelto la adjudicación de seis viviendas que habían quedado libres, cinco cedidas por CaixaBank y otra municipal.
Se recibieron 77 solicitudes y, tras el examen de los técnicos, las solicitudes con mayor puntuación (es decir, las familias más vulnerables) fueron las que consiguieron las seis viviendas (quedando otras tres de reserva por si se liberan otras en próximos meses). Rodríguez recuerda que una de las condiciones para entrar en el parque municipal es seguir los programas de integración sociolaboral del Ayuntamiento.
La concejala de Servicios Sociales apunta que, todos estos recursos, se completan con las ayudas de urgencia social que cubren, entre otras necesidades, el pago de alquileres e hipotecas para evitar que las familias tengan que salir de sus viviendas. Sonia Rodríguez insiste en que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de vivienda, sino que corresponden a la Junta, y que «lo ideal» sería una regulación del mercado que no dejase desamparadas a las familias más vulnerables.
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