El PSOE reconoce «errores» en la gestión de los consorcios pero «ninguna actitud dolosa»

La comisión de investigación sobre los consorcios, impulsada por Ciudadanos a través del acuerdo firmado con el PP en enero de 2017, ha concluido. En la jornada de ayer tuvo lugar la última reunión, en la que se aprobó uno de los tres dictámenes presentados, el del PSOE. Los 'populares' se alinearon con los socialistas, mientras que Imagina acabó retirando su dictamen, para unirse al de Ciudadanos, ha explicado esta mañana el concejal socialista Antonio Fernández Santos.

La conclusión principal del PSOE, tras casi un año de reuniones, es que «se han cometido errores», ha afirmado Fernández Santos, pero «no encuentran ninguna actitud dolosa». Así, la comisión de investigación se ha quedado en un debate «entre lo que es verdad y lo que es mentira», entre datos ciertos y datos erróneos. El socialista ha acusado directamente a Ciudadanos de «mentir», pues las «falsedades» que recoge su dictamen no se han demostrado ni con documentos ni con los testimonios escuchados.

Ni el Consorcio de Villalonquéjar ni el Consorcio del Desvío Ferroviario han inclumplido la legislación, pues en el momento de crearse, 1997 y 1998, respectivamente, los consorcios estaban permitidos y eran una práctica habitual. Además, las decisiones de contratación y gestión tomadas en el sendo de ambos han sido respaldadas con informes de los técnicos municipales, del secretario y del interventor, de los que Fernández Santos ha destacado su «lealtad». Y en ningún caso se ha ocultado información financiera, pues las auditorías se han presentado anualmente ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

El socialista ha afirmado en que, en el Consorcio del Desvío, se han acumulado algunos errores. El primero, el propio convenio suscrito entre el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento, con «condiciones leoninas» para la ciudad. El Consistorio aceptó hacerse cargo, no solo del 25 por ciento del coste de las obras, sino también del sobrecoste, extremo último que todavía está pendiente de resolver con el Gobierno central.

Igualmente, un «error monumental» fue el convenio firmado en 2014, que permitió aplazar el pago de la deuda en ambos consorcios hasta 2016. Y otro error sería no haber adaptado los estatutos cuando desparecieron las cajas municipales y la representación en los consorcio pasó a las fundaciones bancarias. Debía haberse hecho en 2012, pero se está trabajando para hacerlo ahora, en 2018.

Por lo que respecta al Consorcio de Villalonquéjar, la concejal Nuria Barrio ha explicado que «se ajusta perfectamente a la legalidad». Es más, el PSOE considera que es un instrumento «válido, eficaz y necesario», y la ampliación del polígono no se podría haber hecho de otro modo. Burgos tenía gran demanda empresarial, pero poco suelo industrial, ha insistido. Luego la crisis paralizó cualquier crecimiento económico.

Eso sí, el PSOE lamenta que no se les haya facilitado toda la información solicitada y, en sus conclusiones, incluye la petición para que se investigue si los terrenos que vendió Caja de Burgos en Villalonquéjar 1 y 2 eran propios o correspondían a zonas verdes y viales. Una reclamación que fue arduamente defendida por José María Peña durante los años que estuvo como concejal en el Ayuntamiento de Burgos, y que se recoge en justo reconocimiento por su tarea.