Podemos considera «una ocurrencia» no cobrar zona azul a los coches eléctricos en Burgos

El Ayuntamiento de Burgos trabaja en la creación, financiado con fondos europeos, de una zona de bajas emisiones (ZBE) en la ciudad para delimitar el tráfico de vehículos contaminantes. Pero, como pone de manifiesto En Burgos Podemos, «lo hace desde el desconocimiento», buscando únicamente «cambiar unos vehículos por otros, incrementando las desigualdades y obviando cuál es el reto real de la movilidad sostenible, que es reducir el número de coches, no modificando el tipo de los mismos», ha apuntado Arroyo.

La portavoz municipal de Podemos ha señalado, en primer lugar, que dejar exentos del pago de la zona azul a los coches eléctricos «se planteó en su día por parte de los usuarios de este tipo de coches para su inclusión en la Ordenanza de Movilidad, pero se descartó», algo que hace que pierda «sentido» su recuperación en este momento, afirma. «Y, principalmente –añade-, no se trata de un modelo –la sustitución de coches de combustión interna por híbridos o eléctricos- generalizable porque no hay recursos suficientes para sustituir el parque actual de automóviles y su precio lo hace accesible solo para una pequeña parte de la población», asevera Arroyo. «Esto acrecienta las desigualdades sociales, y las políticas municipales deben orientarse a conseguir la equidad social, por lo que no tienen cabida aquellas que busquen beneficiar a los propietarios de coches eléctricos», remacha la portavoz de En Burgos Podemos. La venta de coches eléctricos apenas representa en estos momentos, pese a haber aumentado, el 7% del mercado en Burgos y su coste es hasta un 70% más caro.

A esta situación de «beneficio de unos pocos» se suma que, realmente, el objetivo de la movilidad sostenible debe ser «reducir el número de coches en circulación en la ciudad mediante el fomento de otros modos de transporte sostenibles y dirigidos a toda la población, destinando recursos y esfuerzos a estos objetivos y no a seguir poniendo el coche en el centro de la movilidad urbana», explica Arroyo. Quien, si bien admite que «los vehículos eléctricos presentan ventajas en cuanto a la reducción de emisiones, su uso privado comparte otros impactos, como la ocupación del espacio público y la siniestralidad vial», dice. «Es más –añade-, la Ordenanza reguladora del servicio de ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos en la vía pública (ORA) indica que su objeto es regular el estacionamiento de vehículos por la ocupación privativa del espacio público, independientemente de que el vehículo sea eléctrico, híbrido o a combustión».

Marga Arroyo, por otro lado, recuerda que «la sustitución del coche de combustión por un coche eléctrico no es una solución a la emergencia climática, a la necesidad de reducir emisiones GEI (Gas de efecto invernadero) en el sector de la movilidad o la de descarbonizar la movilidad urbana». Y no lo es porque, en primer lugar, la fabricación de coches eléctricos «genera un importante consumo de recursos y emisiones contaminantes. Para las baterías de este tipo de coches, por ejemplo, se necesitan minerales escasos como el litio, el cobalto o el níquel, cuya extracción genera graves impactos sociales y ambientales», argumenta Arroyo. Además, dada la escasez de estos recursos, «deberían destinarse a otros fines que repercutan sobre el bien común y no a beneficio de quienes puedan permitirse el privilegio de comprar un coche eléctrico», dice.

Un problema añadido será, concluye Arroyo, «saber cómo se va a determinar cuáles son los vehículos beneficiarios de esta discutible medida, ya que el etiquetado ECO actual no garantiza que no haya emisiones GEI, ni que los vehículos no sean contaminantes, ya que dentro de esta etiqueta se incluyen coches híbridos (que usan combustible fósil) y vehículos a gas. De la noticia (publicada por DB) no se entiende que se vaya a limitar únicamente a vehículos cero emisiones o eléctricos puros», finaliza.

Por otro lado, Podemos vio ayer «con asombro» como el bipartito anunciaba el inicio del expediente para la adquisición de cinco autobuses urbanos propulsados por gas natural (GNC). Una «mala noticia», ya que es totalmente contrario «a las políticas de movilidad sostenible y dirigidas a la reducción de emisiones: dependen de los combustibles fósiles (gas), por lo que no son una solución para descarbonizar el transporte urbano y emiten partículas ultrafinas contaminantes», concluye Marga Arroyo.