Podemos asegura que la modificación presupuestaria confirma «retrasos en el pago de alquileres sociales»

Y es que la modificación «anunciada a bombo y platillo» en la jornada de ayer por Daniel de la Rosa «evidencia el desastre de gestión del Parque Municipal de Viviendas». En la cuenta 413, correspondiente a acreedores por operaciones devengadas, «se incluyen más de 240 facturas de diferentes cuantías» que corresponden con pagos pendientes «de 2019, de 2020, de 2021…», ha denunciado. «Llevamos tiempo diciendo que no se estaban pagando las rentas, que esto estaba generando situaciones desagradables a las familias y la concejala del área decía que no existía problema, que estaba todo en marcha», ha señalado. «No era así, como demuestra esta modificación», ha añadido.

Estos impagos, que en global supone una deuda para el Consistorio de unos 25.000 euros, «un grano de arena en el desierto» del presupuesto municipal, para los inquilinos del Parque Municipal «son un problema. En estas viviendas habitan familias vulnerables que han recibido cartas desahucio por una mala gestión ajena a ellos», ha recordado. «En otros casos –ha insistido- hay familias a las que el Consistorio no gira el recibo y están acumulando deudas con la administración de más de 1.000 euros que, para personas vulnerables, son un problema muy serio y difícil de afrontar», ha lamentado.

Por otro lado, Marga Arroyo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos, ha criticado al alcalde, Daniel de la Rosa, «por no buscar el consenso» para aprobar la modificación presupuestaria. «No se ha hecho ningún esfuerzo por buscar el acuerdo con otros grupos municipales, algo que sorprende en un alcalde que va bajo las siglas del Partido Socialista», ha aseverado, para adelantar el voto negativo de la formación en la sesión plenaria.

Modificación secreta y «alejada de los problemas reales de la ciudadanía», ya que sigue sin incluir una «partida para la puesta en marcha del Plan de Vivienda. Hace un año, en mayo de 2022, llevamos al Pleno una proposición para que los activos de la SAREB fueran gestionados por el Ayuntamiento para alquiler social. Al concejal Daniel Garabito le faltó reírse y dijo que eran activos tóxicos. No sé si ahora que Pedro Sánchez desde el Gobierno de coalición toma esas mismas medidas que nosotros proponíamos siguen en el PSOE pensando lo mismo», ha dicho.

Además, Marga Arroyo ha criticado, entre otros asuntos, que la modificación no tenga «ni un euro para instalaciones deportivas y deporte base cuando el alcalde se afana en prometer contratos de patrocinio». Ha expresado, además, que Podemos no tiene «nada que objetar» desde el punto de vista técnico porque el informe del interventor recoge que modificaciones de este tipo «afectan a la estabilidad presupuestaria y a la regla de gasto, pero el Congreso aprobó en el año 2020 una excepción al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda presupuestaria hasta el 2023». Esto hace que sea legal, pero «cogido con pinzas» y negativo para las arcas públicas, ha asegurado.