La oposición carga contra la falta de información de 'Burgos Central'

Un pleno que se ha prolongado durante dos horas y en el que el equipo de Gobierno sólo ha intervenido en un par de ocasiones a través del concejal delegado de Tráfico, Adolfo Díez, a pesar de los continuos requerimientos del resto de portavoces para disipar las numerosas dudas que aseguran tener a respecto del proyecto.

En este sentido, los concejales del PP Carolina Blasco y Jorge Berzosa han acusado reiteradamente al bipartito de «empezar la casa por el tejado» sin la debida justificación técnica y de manera «oscurantista». De hecho, a su juicio, el procedimiento seguido hasta ahora por el equipo de Gobierno está plagado de «infracciones». Unas infracciones que han derivado en la presentación de un recurso de reposición contra el proyecto de obra de implantación de la zona de bajas emisiones.

En concreto, Berzosa ha acusado al equipo de Gobierno de tramitar el proyecto sin haber redactado estudio de gestión de residuos, estudio de costes o estudio de seguridad y salud. Y eso a pesar de tratarse de un proyecto valorado en casi 3,7 millones de euros.

El propio Díez ha desmentido todas esas afirmaciones, asegurando que el proyecto ha seguido una tramitación impoluta, lo que de hecho ha permitido que sea muy bien visto por parte de la Unión Europea, que ha concedido una subvención de 2,9 millones de euros a través de los fondos Next Generation.

A pesar de estas escuetas explicaciones, son muchas las dudas planteadas durante la sesión plenaria que han quedado sin respuesta. Así, tanto el PP como el concejal no adscrito Julio Rodríguez-Vigil, han insistido en preguntar cómo se ha dibujado el mapa de la zona de bajas emisiones y cómo se va a gestionar el acceso de vehículos.

Similares cuestiones ha puesto sobre la mesa Margarita Arroyo, portavoz de Podemos, quien, sin embargo, ha tildado la propuesta del PSOE de «poco ambiciosa», ya que existen otras áreas de la ciudad con mayor concentración de emisiones de vehículos que el centro, como los polígonos o Gamonal, y no se ha tenido en cuenta.

Mucho más duro en sus intervenciones ha sido Ángel Martín, portavoz de Vox, quien directamente ha acusado al bipartito de adscribirse a la «nueva religión climática» y generar un «enorme problema» para los burgaleses. Y es que, a su juicio, la ciudad «no tiene problemas de contaminación» y la puesta en funcionamiento de una zona de bajas emisiones puede desembocar en restricciones al tráfico que pagarán «los que no puedan pagar 50.000 euros por un coche».

En todo caso, Díez ha recordado que la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones es una obligación legal, tanto en Burgos como en el resto de ciudades españolas de más de 50.000 habitantes.

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