El número de demandantes de protección internacional en Burgos se duplica en un año

En el año 2017, por estas mismas fechas, estas organizaciones estaban atendiendo a 200 personas que habían solicitado protección internacional. Actualmente, la cifra ha aumentado hasta 408 personas que están a la espera de que se resuelva su petición de protección internacional. 48 de ellos viven en pisos de acogida, 28 en hostales y hay 12 personas sin ningún recurso que están atendidas ahora mismo por una entidad social.

El Ayuntamiento desconoce dónde están el resto de demandantes de protección internacional pero, como ha recalcado Conde, «se supone que todas estas 408 personas están en Burgos porque pasan regularmente por entidades sociales y tienen un expediente abierto en estas entidades».

Por esta razón, se ha convocado la Plataforma de Coordinación en Materia de Refugiados porque «los números resultan alarmantes» y para «aclarar la situación y si es preocupante tratar de atajarla antes de que se desborde. Queremos que tengan la mejor acogida y de la forma más humanitaria», ha apuntado Conde. En esta plataforma están representadas todas las administraciones, la Subdelegación del Gobierno, la Diputación, el Ayuntamiento y los representantes de los grupos municipales y todas las entidades que trabajan con estos colectivos.

Los orígenes de los migrantes que solicitan esta protección internacional desde Burgos son variados pero destacan los llegados desde Venezuela, Colombia, El Salvador, Angola, El Congo y Guinea.

Según un análisis previo y prudente de la situación realizado por la concejala Conde, muchos de estos migrantes que están en la capital burgalesa llegan desde Madrid. Allí demandan protección internacional pero los plazos que se les da para determinar su situación final son muy amplíos. «El pasado mes estaban dando cita para 2023. Parece que se han reforzado los servicios y se están adelantando las citas para lo largo de 2019», ha matizado Conde. Muchas de estas personas optan, ante plazos tan dilatados, por acudir a las provincias y solicitar la protección a través de las subdelegaciones del Gobierno para agilizar el trámite.