Gómez exige la devolución de las dietas y asegura que hay «indicios de malversación» en el proceso seguido contra él

El primero de los escritos es una reclamación patrimonial mediante la que solicita formalmente el reintegro de todo el dinero que ingresó en la cuenta del Ayuntamiento después de que se pusiese en duda la legalidad de su percepción en conceto de indemnizaciones sustitutorias -dietas- por los viajes que realizó mientras era responsable del departamento municipal de Cultura.

Se trata de aproximadamente 10.000 euros que según Gómez se le tienen que devoler tras el auto judicial del Contencioso-Administrativo. «Es parte de mi patrimonio personal» que el Ayuntamiento todavía no ha devuelto, insiste el ahora concejal no adscrito.

Pero al margen de la propia reclamación patrimonial, Gómez ha presentado un segundo escrito con el que va más allá y mediante el que pretende que se depuren responsabilidades por las acciones desarrolladas contra él por parte del Ayuntamiento. Y es que, según el concejal, todo el proceso que se ha seguido durante los últimos meses (comisión de investigación, presentación de denuncia ante el Contencioso-Administrativo y traslado del caso al Tribunal de Cuentas) está plagado de «indicios de alcance y de malversación de caudales públicos».

Su planteamiento se basa en una cuestión muy simple, pero a la vez compleja, que se centra en la motivación y coste del proceso. No en vano, ha subrayado, todos los trámites llevados a cabo por el Consistorio le han costado mucho más dinero a los contribuyentes de lo que se le reclamaba a él (el último proceso archivado por el Tribunal de Cuentas hacía referencia a intereses por valor de 395,5 euros) y se ha llevado a cabo sin justificación alguna. «Se trataba de un trámite administrativo que se podría haber solucionado con una carta» de reclamación de los intereses, pero se decidió acudir al Tribunal de Cuentas, con todo el coste que eso supone en procuradores, desplazamientos a Madrid y horas laborales del personal municipal. Y todo para que el Tribunal de Cuentas le diera la razón, ha subrayado.

Ante esta situación, Gómez considera que es necesario dar explicaciones y, llegado el caso, depurar responsabilidades. «¿Fue una decisión técnica o hubo una instrucción política? Y si la hubo, ¿de quién?», se ha preguntado al tiempo que recordaba que el auto del Contencioso-Administrativo supuso un «tremendo varapalo», poniendo en evidencia la fórmula de pago de dietas implementada por el Ayuntamiento desde 2002. «¿Acaso no han generado intereses otros concejales?», ha reiterado.

Con todo, Gómez continúa defendiendo que todo este asunto es «muy oscuro» y que «nadie parece responsable» de ello. Por eso, insiste, en los próximos meses se plantearán nuevas acciones legales en este sentido.