El equipo de Gobierno ve «virtudes e inconvenientes» en el acuerdo sobre los remanentes

En este sentido, Jurado ha defendido las ventajas que ofrece un acuerdo criticado por la oposición «antes de conocer sus detalles». Así, el concejal de Hacienda ha destacado que dicho acuerdo incluye una cláusula mediante la que este año se exime a los ayuntamiento de cumplir la regla de gasto, algo considerado «fundamental» a la vista de la situación, con una caída de ingresos estimada, de momento, en unos 5,2 millones de euros solo en Burgos.

Asimismo, ha subrayado, el acuerdo también incluye un fondo extraordinario destinado a paliar la caída de ingresos vinculados directamente al transporte público, que en el caso de Burgos podría superar 1,5 millones de euros que «serán bienvenidos».

También se incluyen otras medidas para mejorar la liquidez de aquellas corporaciones más castigadas y se prorroga la aplicación de las inversiones financieramente sostenibles, entre otros aspectos.

Por su parte, respecto al punto más conflictivo del acuerdo, vinculado a la cesión de los remanentes a la Administración central, Jurado ha matizado que se trata de un «sistema peculiar» destinado a «prestar» dinero al Gobierno y que, en todo caso, «es voluntario». «No se confisca nada», sino que los ayuntamientos podrán ceder esos remanentes a la Administración central y ésta los devolverá en diez años, aunque el grueso de la devolución se centre en 2021.

A cambio, ha explicado Jurado, a medida que se devuelvan esos fondos, las corporaciones locales podrán hacer uso de ellos como ingresos no financieros en ejercicios posteriores, lo que permitirá mayor flexibilidad a la hora de destinar inversiones.

Y es precisamente este aspecto concreto el que se valorará a lo largo de las próximas semanas para ver si sale a cuenta que Burgos se acoja a él. «Tiene sus ventajas, pero es cierto que son muchos años» y una decisión de este calibre repercute directamente en la gestión de las próximas legislaturas, sobre todo teniendo en cuenta que la deuda de los consorcios sigue ahí, imputándose como deuda propia. «Con que uno solo de los consorcios fuera reclasificado como entidad no financiera», la situación del Ayuntamiento cambiaría radicalmente a la hora de calcular la regla de gasto, ha recordado.

Por todo ello, Jurado asegura que se estudiará con detenimiento y se buscará un acuerdo con el resto de los grupos municipales.