La comisión de investigación ratifica falta de control y fiscalización en la sociedad Aguas de Burgos

Esa es una realidad que todos los grupos han aceptado al albur de los documentos y testimonios que se han ido poniendo sobre la mesa durante las tres jornadas en las que se ha dividido la comisión, que dan prueba de una retahíla de actuaciones fuera de control en ámbitos como la protección de datos, la política de personal y la de los contratos menores.

Sin embargo, las conclusiones de unos y otros difieren en extremo al hablar de responsabilidades. Para el equipo de Gobierno, formado por PSOE y Cs, los responsables de ese descontrol son los sucesivos gobiernos del PP con Juan Carlos Aparicio y Javier Lacalle a la cabeza. Para los 'populares', no obstante, la comisión ha servido para desvelar «la gestión «oscurantista» del bipartito en el ente público y cómo las irregularidades en personal y contratación son el día a día» desde que en el PSOE ganó las elecciones en 2019.

Para Vox y Podemos, por su parte, la comisión de investigación se ha quedado a medias, ya que se han desvelado multitud de actuaciones fuera de control que exigen una investigación interna «más exhaustiva» y, en su caso, una depuración de responsabilidades por parte de los responsables de cada momento. A este respecto, los concejales del PP y de Vox lamentan que la presidencia de la comisión haya recaído sobre Miguel Balbás, actual presidente de la sociedad de Aguas, y que algunos de los testimonios más importantes, como el del exgerente, no se hayan materializado por la negativa de los convocados.

En todo caso, toda la Corporación coincide en una de las cuestiones fundamentales, quizá la más importante: en los últimos años, Aguas de Burgos ha adolecido de un control y fiscalización efectiva de los diferentes procesos, empezando por la custodia y destrucción de documentos, motivo que inicialmente motivó la convocatoria de la comisión.

A este respecto, el propio Balbás ha reconocido que todavía son muchas las incertidumbres que pesan sobre la quema de documentos. No se sabe qué documentos eran, qué información contenían, si efectivamente debían ser destruidos y si existe copia digtalizada de todos ellos o no. Una circunstancia derivada de la inexistencia de un protocolo de destrucción de documentos y, a mayores, de un control de la gestión documental.

A raíz de los testimonios recogidos, tampoco se han desvelado las numerosas incertidumbres que pesan respecto a la política de personal, más allá de que varios de los testigos que han ido compareciendo en la comisión han reconocido que la única forma de entrar en la plantilla de la sociedad era «conocer a alguien de dentro». El problema, aseguran los responsables del equipo de Gobierno, es que a día de hoy es «imposible» saber quién entró por esa vía o por su currículum, ya que los únicos documentos que obran en Aguas son los propios contratos.

En este sentido, la coportavoz del equipo de Gobierno, Nuria Barrio, ha recordado que la única oferta de empleo público desarrollada en Aguas de Burgos se llevó a cabo en el año 2000, con el PSOE en la Alcaldía. En ese momento, Aguas de Burgos aún era totalmente municipal y no se había transformado en sociedad, y desde entonces, no ha habido un proceso de contratación de personal debidamente reglado.

Eso sí, desde el PP insisten en que esa circunstancia salpica directamente al bipartito. No en vano, a juicio del concejal Jorge Berzosa, «la comisión ha dejado claro que se produjeron contrataciones fraudulentas de relevistas con nombres y apellidos y que se han iniciado purgas cada vez que los empleados se han negado a cumplir las voluntades de Nuria Barrio», anterior presidenta de la sociedad.

Algo parecido sucede con la investigación en torno a la política de adjudicación de contratos, que, según ha quedado evidenciado, carecía de un control efectivo. Prueba de ello es el volumen de contratos menores firmados año tras año, cuyo montante superaba en algunos ejercicios el millón de euros.

Con todo, las conclusiones de unos y otros se elevarán a debate plenario y de ahí saldrá una resolución definitiva en la que, más allá de señalar responsabilidades, se pondrá sobre la mesa la necesidad de aplicar medidas correctoras en cada uno de los ámbitos sujetos a la investigación, empezando por el establecimiento de normas básicas de gestión documental y el nombramiento de un delegado de protección de datos.

También se pretenden actualizar los procedimientos de adjudicación de contratos y, sobre todo, establecer un sistema de concurrencia por oposición para las futuras contrataciones. Unas contrataciones que, por cierto, se antojan totalmente necesarias. De hecho, el equipo de Gobierno ya ha adelantado su intención de apurar la tasa de reposición hasta el máximo legal para cubrir la mayor parte de las plazas actualmente desiertas.

En esos futuros procesos entrará también la plaza de gerente, ocupada actualmente de manera «provisional» por José Antonio Rodríguez, un nombramiento cuestionado por la oposición, toda vez que tiene relación familiar con el anterior gerente. Sin embargo, Balbás ha subrayado que Rodríguez era uno de los dos únicos candidatos que contaba con la titulación necesaria para asumir el cargo dentro de la sociedad.