La demanda de Torre Panorama pone en jaque al Consorcio del Desvío

Por partes. Tiempo atrás, la cooperativa planteó un proyecto para levantar un edificio en el Bulevar y resultó adjudicataria de la parcela, propiedad del Consorcio. Sin embargo, y a pesar de las prórrogas concedidas, la cooperativa no consiguió completar el proceso al no conseguir financiación a tiempo y el Consorcio decidió anular la operación. En este sentido, los promotores insisten en que la pandemia trastocó todos los planes.

Sin embargo, tiempo después, la cooperativa obtuvo la financiación necesaria, y con el proyecto, las licencias y toda la memoria del proyecto bajo el brazo, se presentó al segundo proceso de adjudicación abierto por el Consorcio. Ahí llegó el conflicto. A ese segundo proceso se presentaron cinco ofertas, incluida la de la cooperativa y la de Pecsa, que finalmente resultó adjudicataria al presentar una propuesta económica algo superior.

A juicio de los promotores, esa decisión se realizó sin la debida justificación, puesto que más allá de la oferta económica, el proyecto de Torre Panorama estaba mucho más encauzado, tanto financiera como urbanísticamente.

Ante esta circunstancias, los promotores solicitaron en varias ocasiones al Consorcio y al Ayuntamiento el expediente del proceso sin que hasta la fecha hayan respondido, tal y como «es su obligación», según señala Gloria Bañeres, exconcejal de Burgos y actual abogada de la cooperativa.

En este sentido, insiste Bañeres, el Consorcio del Desvío (y el de Villalonquéjar) es una «entidad del sector público», tal y como ha quedado confirmado en numerosas ocasiones. Incluso la justicia ha refrendado este planteamiento, ya que meses atrás se publicaba un auto que señalaba que el caso de Torre Panorama habría de dirimirse por la vía contencioso-administrativa.

Básicamente, ese auto indicaba que es el Ayuntamiento de Burgos el que sustenta los activos y la millonaria deuda del Consorcio. A juicio del tribunal, esa circunstnacia convierte al Consorcio en una entidad del sector público y, por ende, le obliga a cumplir la Ley de Contratos del Sector Público. Una normativa que «nunca se ha cumplido», según argumenta Bañeres, «ni con Torre Panorama ni con ninguna otra operación».

Así las cosas, la cooperativa ha demandado al Consorcio, exigiendo la nulidad de la segunda adjudicación y valorando el proceso en algo más de seis millones de euros. Pero más allá de esa ingente cantidad de dinero, que sin duda supondría un quebranto económico de relevancia para el Ayuntamiento, la demanda de Torre Panorama supone un auténtico toque de atención.

De hecho, la oposición municipal ya ha advertido al equipo de Gobierno del riesgo que se corre si no se actúa con celeridad. A este respecto, el alcalde, Daniel de la Rosa, aseguraba durante el último Pleno municipal que «en el próximo Consejo Rector del Consorcio» se presentará «un protocolo» mediante el que se pretende ajustar el procedimiento de adjudicación a la normativa del sector público. Básicamente, insistía, se pretende «cumplir con los criterios de transparencia y concurrencia de una manera mucho más garantista».

Por su parte, desde la cooperativa se insiste en que todo el conflicto «se puede solucionar sin llegar a juicio», pero para eso, insiste Bañeres, el Consorcio debería responder a todas las reclamaciones realizadas en los últimos meses por la cooperativa, las cuales han ido cayendo en saco roto hasta ahora.

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