El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ya tiene sobre la mesa el borrador definitivo de la ordenanza sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una ordenanza que previsiblemente se aprobará inicialmente en un pleno extraordinario el próximo lunes y que incluye una novedad ... muy significativa respecto a lo anunciado días atrás.
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Y es que, tal y como ha confirmado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, el texto incluye una disposición adicional que contempla una moratoria de 18 meses del régimen sancionador. Esto es, que una vez que se ponga en marcha de manera definitiva la ZBE, los burgaleses estarán exentos de multas durante año y medio.
Se trata, sin duda, de una novedad muy significativa, por cuanto que afecta directamente a la aplicación de la ordenanza de cara a los ciudadanos, que contarán con un plazo de 18 meses para habituarse a la nueva normativa.
A mayores, el borrador también incluye otra novedad, como es la inclusión de tres tramos de calles integradas dentro de la ZBE que estarán exentas del cumplimiento de las restricciones al tráfico. Se trata de las calles Fernán González, Doña Jimena y Francisco Salinas.
A partir de ahí, el borrador de la ordenanza se mantendrá en los términos en los que se planteó por parte del PP tras las fricciones generadas entre los socios del bipartito.
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En este sentido, Ballesteros ha reconocido que la redacción del borrador ha exigido de una «negociación» entre PP y Vox, que planteaba reducir la ZBE a la mínima expresión y adscribirla exclusivamente a la zona peatonal del centro histórico.
A este respecto, Ballesteros ha insistido en que la puesta en marcha de la ordenanza es una «obligación» derivada de la normativa europea y que dibujarla en función del criterio de Vox «no supondría una mejora» de la situación actual.
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En todo caso, el bipartito ha alcanzado un «acuerdo de mínimos» que se elevará a pleno el próximo lunes. A partir de ahí arrancará toda la maquinaria administrativa y técnica necesaria para que la ZBE sea una realidad tangible antes del 31 de diciembre, fecha límite impuesta por Bruselas para desbloquear la financiación comprometida.
En este sentido, desde el bipartito se confía en llegar a tiempo y cumplir con las exigencias mínimas de Europa para no perder la financiación.
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