El Ayuntamiento de Burgos no va a ceder a las presiones de la empresa adjudicataria de las obras del centro cívico de Fuentecillas, que lleva retrasando el inicio de los trabajos semanas, escudándose en el aumento de precios derivado de la crisis de materiales. El ... alcalde, Daniel de la Rosa, reconoce que hay margen de maniobra, pero dentro de lo que marca la ley. Y los plazos se agotan.
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El pasado jueves, la Junta de Gobierno Local acordó requerir a la UTE, conformada por Gesdesbur y Construcciones y Obras Llorente, para que iniciara las obras de manera inmediata. Y se le dio como fecha tope este lunes, 5 de septiembre. Si no hoy comienzan los trabajos de construcción, «se le exigirá judicialmente», ha insistido De la Rosa esta misma mañana.
Se le ha dado un «periodo de reflexión», apuntaba el alcalde, pero si no cumplen, irán a la justicia «alegando reponsabilidad culpable por incumplimiento de contrato». Daniel de la Rosa insiste en que la empresa conocía las condiciones del proyecto cuando participó en la licitación, se ha hablado con ella en varias ocasiones y tiene que cumplir con el contrato suscrito.
«Ellos licitaron con unas condiciones que tienen que cumplir y, más allá de que somos conscientes de que hay cosas que se pueden revisar, se las vamos a hacer cumplir, y lo vamos a hacer por las buenas o por las malas», ha explicado el regidor. El Real Decreto del Gobierno Central ofrece margen de maniobra para intentar compensar el aumento de los costes de los materiales.
Sin embargo, este margen de maniobra «es el que marca la ley. No podemos ceder a las presiones de la empresa», ha insistido De la Rosa. Y es que el comportamiento de esta UTE es diferente al que mantiene la empresa contratada para la tercera fase de remodelación del cívico de Río Vena, que ha iniciado las obras, como estaba acordado, y se ajusta al Real Decreto.
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El proyecto del cívico de Fuentecillas tiene un presupeusto de 4,5 millones y un plazo de ejecución de 2 años. Los problemas con la empresa adjudicataria pueden retrasar varios años la intervención si el Ayuntamiento tiene que rescindir el contrato, pues se entraría en una batalla legal que, una vez resuelta, obligaría a volver a licitar la obra (con revisión del proyecto ante el aumento de los costes«.
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