El Ayuntamiento iniciará de nuevo la tramitación de 'Burgos Central'

Por partes. Tras muchos dimes y diretes, enfrentamientos y recursos judiciales, el bipartito decidía días atrás dar un paso al frente y elevar a Pleno la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible planteada para establecer un marco regulatorio para la implantación de la zona de bajas emisiones.

A pesar de no estar cómodos con la «chapuza» del anterior equipo de Gobierno, el bipartito decidió aprobar definitivamente la ordenanza precisamente para evitar que la justicia tumbara el contrato adjudicado en su día a Etralux para la implantación de los sistemas de control de la ZBE.

Sin embargo, apenas 48 horas después, el Juzgado se pronunciaba, anulando todo el procedimiento administrativo al considerar que el contrato debía estar sustentado en una ordenanza previa que, en el momento de la sentencia, no existía. Esto es, que el Ayuntamiento no había llegado a tiempo para evitar la anulación del contrato.

Evidentemente, esta sentencia ha cambiado radicalmente el escenario. Y es que, aunque cabe la posibilidad de recurso y el bipartito tenía en su mano acudir a ese recurso con la ordenanza ya aprobada, la decisión ha sido hacer tábula rasa y rechazar la modificación de la ordenanza para iniciar un nuevo procedimiento desde cero.

Eso sí, esta decisión conlleva varias derivadas. La principal es el tiempo. Y es que, la implantación de la zona de bajas emisiones es un imperativo legal que han de cumplir todos los municipios de más de 50.000 habitantes antes del 31 de diciembre del año que viene. Empezar toda la tramitación desde cero pone en cuestión el cumplimiento de esos plazos.

A mayores, tal y como han reconocido los portavoces del bipartito, del cumplimiento de dichos plazos dependen nada más y nada menos que 7 millones de euros de fondos europeos, de los que 2,5 han de ir destinados precisamente a la implantación de la ZBE.

Habida cuenta de estas dos cuestiones, desde el PSOE se ha instado al equipo de Gobierno a abordar un camino alternativo, como era la aprobación hoy de la ordenanza, la presentación de un recurso judicial alegando «carencia sobrevenida de objeto» enjuiciado y, a partir de ahí, la tramitación por vía de urgencia de un nuevo contrato.

Finalmente, el bipartito ha descartado esa vía, comprometiéndose a agilizar todo lo posible el expediente desde sus primeros pases, solicitando si es necesario una prórroga de los plazos al Gobierno central.

En definitiva, la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones de Burgos regresa a la casilla de salida varios años después. Y el tiempo y la financiación apremian.