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El Ayuntamiento de Burgos no ha sido ajeno a las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19. Las liquidaciones presupuestarias de los últimos dos años así lo han mostrado, pues entre los confinamientos, las restricciones y las medidas anticrisis, el Consistorio ha notado ... un descenso de los ingresos, un aumento de los gastos y retrasos en la ejecución de obras y proyectos.
Ahora, el Consejo de Cuentas de Castilla y León pone las cifras negro sobre blanco, analizando el impacto que ha tenido la situación económica y normativa derivada de la covid-19 en los ingresos propios de las nueve capitales de provincia. Y Burgos lidera la estadística, pues registra la mayor pérdida de ingresos municipales de la región.
En concreto, son 9,4 millones de euros, por encima de los casi 8 millones de León o los 3 millones de Salamanca y Valladolid. Burgos, como el resto, aplicó la normativa estatal sobre suspensión y aplazamiento de tributos, dejó de cobrar algunas tasas ante el parón de la actividad, introdujo bonificaciones en otras y también liberó a ciudadanos de pagar algunos precios públicos.
En el arranque de la pandemia, se modificó el calendario fiscal de 2020, de modo que se amplió en tres meses el periodo de cobro del impuesto de vehículos, el IBI, la tasa de basuras y de entrada de vehículos. Los impuestos y tasas se pagaron, en todos los casos, antes del 31 de diciembre y el Ayuntamiento volvió a aplazar tres meses el periodo de cobro en 2021.
Estas medidas fueron acompañadas por la suspensión temporal del pago de algunas tasas y precios públicos, lo que hizo que el Ayuntamiento perdiera de ingresar 7,8 millones de euros, según el Consejo de Cuentas. Una cantidad a la que se suman 5 millones de 2021, pues algunas de estas medidas se extendieron en el segundo año de la pandemia.
El informe del Consejo de Cuentas recuerda que, hasta principios de mayo, no se estuvo cobrando la ORA, pues el acceso a las plazas de aparcamiento era libre. También se dejó de ingresar por el uso de los autobuses urbanos y por servicios municipales durante el periodo en el que no se prestaron (servicios deportivos o educativos, por ejemplo).
Se modificó la ordenanza reguladora para liberar a la hostelería del pago de la tasa por la instalación de terrazas y veladores, y se les devolvió lo pagado hasta que estalló la pandemia. También se suspendió la tasa de mercados. A la pérdida de ingresos debe sumarse la suspensión de las actividades culturales, por lo que los ingresos del IMC cayeron de manera destacada, indica el informe.
Con todo ello, la pérdida de ingresos se elevó a esos 9,4 millones de euros, sin olvidar que se hicieron devoluciones por la no prestación de servicios o actividades o la suspensión de contratos, y que el Ayuntamiento implementó varios planes anticrisis con ayudas a empresas, servicios y ciudadanos. Así, la pérdida de ingresos por habitante se sitúa en los 53,6 euros.
Mientras, los ayuntamientos de Castilla y León recibieron ayudas de las administratciones. Entre ellas, la que entregó el Gobierno de España para el servicio de transporte público y otras de la Junta para financiación de servicios sociales, contratación de personal, gastos sociales, apoyo a familias, limpieza de colegios, reactivación de comercio o inversiones.
El Consejo de Cuentas cifra en 47 millones las ayudas recibidas por Burgos, que en este caso no es la capital con el mayor volumen. Le adelantan Valladolid, con 11,5 millones, y Salamanca, con 4,7 millones. Solo de la subvención estatal al servicios de transporte público llegaron 1,7 millones de euros.
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