El Ayuntamiento de Burgos abrirá una investigación interna sobre qué sección del Consistorio tuvo la responsabilidad de dar el visto bueno a la contratación de la empresa que gestiona las tarjetas de bus urbano. Este es el segundo paso que da la institución municipal después de conocer que la empresa Prepay tiene una deuda con el Consistorio de 850.000 euros. Una cantidad que se ha dejado de ingresar por la gestión de las tarjetas en los últimos meses.
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El concejal de Movilidad, José Antonio López, ha confirmado que lo ocurrido con la empresa Prepay, «no es algo puntual y se arrastra desde 2019». El edil ha asegurado que se tuvo conocimiento de la gravedad de la situación en abril 2024.
Ha recordado que se convocó, «con celeridad un Consejo y se adoptó la medida del establecimiento imposición de penalidades. En esa votación, el PSOE se abstuvo», ha afirmado, al tiempo que ha justificado la decisión de no informar sobre el asunto a los medios de comunicación por guardar «sigilo».
En todo caso, «la empresa hacía pagos parciales, incluso en situación concursal en septiembre de 2024». Según ha informado López, la empresa arrastraba deudas con el Consistorio desde 2017. Ese año, a 31 de diciembre, «debía 167.800; en 2018, 169.000 euros; en 2109 debía 2.000 euros. Y ascendía en 2020 a 181.000 euros y en 2023 llegaba a 300.000 euros».
Según López, cuando se contrató a Prepay, la adjudicación se hizo con todos los informes técnicos, «sin reserva o advertencia».
Responsabilidad del PSOE
Ha recordado la responsabilidad del PSOE porque a finales de junio de 2023, «la empresa adecuaba 300.000 euros, deudas asumidas por el PSOE de enero a mayo de 2023». Ha afirmado que «si se hubieran tomado medidas entonces, no hubiera llegado este momento».
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Ahora ha de saberse «de qué sección del Ayuntamiento ha salido la autorización para la contratar con una empresa que arrastraba la deuda».
Ha confirmado que, si se derivaran consecuencias, «los técnicos asumirán las que les correspondan» ya que los políticos adoptan las decisiones en función de «esas indicaciones técnicas».
López ha confirmado que el Ayuntamiento de Burgos va a llevar a cabo medidas «concursales, jurídicas y de investigación». Y ha confirmado que el gobierno municipal tuvo conocimiento de que la empresa de las tarjetas arrastraba una gran deuda en abril de 2024 a consecuencia un hackeo de las tarjetas. Con respecto a las penalidades impuestas, tampoco se han cobrado las multas impuestas.
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La empresa alega que se deben las comisiones a los quiosqueros por la gestión de las recargas que deben correr a cuenta del Ayuntamiento de Burgos.
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